
Fiscalizadores municipales registraron fisuras en pisos y paredes de la casona donde funciona el Consejo Regional de Arequipa.
Tras ocasionar múltiples daños en la casona donde funciona el Consejo Regional de Arequipa (CRA), la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) inició un procedimiento administrativo sancionador contra la empresa HSA Casona SAC, administradora del Hotel San Agustín. La intervención se produjo luego de constatar fisuras en los pisos y paredes del legislativo regional, ubicado en la calle Bolivar del Cercado de la ciudad.
El proceso se formalizó mediante el Acta de Inicio N.° 000435-2026, levantada el 9 de noviembre por la Subgerencia de Obras Públicas y Edificaciones Privadas. Durante la intervención también se dejó constancia de que el establecimiento cuenta con licencia de funcionamiento y certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE).

Múltiples daños
Los fiscalizadores encontraron fisuras continuas en el revestimiento cerámico del piso. Estas atraviesan varias piezas y juntas en sentido longitudinal y transversal, lo que evidencia que las afectaciones no se limitan a una sola sección del pavimento. Asimismo, se registraron rajaduras en diferentes sectores de las paredes.
Además se hallaron fisuras de recorrido irregular y escalonado en el enlucido de los muros, particularmente sobre el vano de una puerta y en la unión de la pared con el piso de varios ambientes, como la sala de sesiones, oficinas de los consejeros Roxana Llamocca y Norma Ortega Valdivia, entre otros ambientes.
Según lo consignado en el acta, las afectaciones se habrían producido como consecuencia de los trabajos de construcción ejecutados en el terreno donde funciona el Hotel San Agustín. Es decir, las actividades constructivas de vibración, perforación y similares que se desarrollaron en el predio vecino ocasionaron deterioros en la infraestructura del CRA.
A partir de estos hechos, la comuna provincial tipificó la infracción con el código 402, correspondiente a mantener construcciones que presenten daños y riesgos para la seguridad física de las personas. La disposición busca sancionar situaciones en las que las condiciones de una edificación pueden comprometer la integridad de quienes ocupan los inmuebles o transitan por ellos.



Sanción pecuniaria
La infracción contempla una multa equivalente al 50 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente, equivalente a S/ 2 mil 250. Sin embargo, el procedimiento también considera medidas provisionales de demolición o retiro inmediato y reparación inmediata, según corresponda. Estas disposiciones buscan que las condiciones que originaron la intervención sean atendidas de manera inmediata.
La empresa tiene derecho a presentar sus descargos y ofrecer las pruebas que considere necesarias para cuestionar los hechos atribuidos o demostrar las acciones adoptadas para solucionar el problema.
Precisamente, durante la fiscalización, la representante del establecimiento, Miriam Victoria Chinchay Tito, manifestó que los responsables directos de las afectaciones serían los integrantes de la empresa constructora Condpa SAC., cuyo gerente general es Carlos Alvarado Belfiore. El hotel realiza coordinaciones para alcanzar una solución y garantizar que se ejecuten los trabajos de reparación a los que la constructora se habría comprometido.
Como parte de esos acercamientos, la administrada señaló que el 29 de octubre solicitó una reunión de coordinación con el jefe de la Oficina de Gestión Patrimonial del GRA, Luis Guillermo Nizama Canepa. El propósito fue establecer acuerdos para atender los daños ocasionados en el inmueble y definir las condiciones en las que se realizarían las intervenciones necesarias.
Asimismo, sostuvo que el hotel ya remitió informes y cartas en los que se detalla la modalidad de ejecución de los trabajos y los plazos previstos para su cumplimiento. De acuerdo con su manifestación, la empresa se encuentra a la espera de una respuesta del GRA. También anunció que presentará ante la municipalidad los documentos que respaldarían las gestiones efectuadas y los compromisos asumidos.
DATO
La municipalidad otorgó a la empresa un plazo para presentar sus alegaciones y ofrecer los medios probatorios correspondientes.






