Gestiones de Manuel Vera bajo sospecha e investigada por el Ministerio Público.
Durante años, las obras públicas de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado recayeron sobre un grupo privilegiado de empresas relacionadas entre sí. Según una denuncia penal interpuesta por el regidor Alonso Ranilla Barrios, existirían redes familiares que alternaban las contrataciones durante las gestiones del alcalde Manuel Vera Paredes. La Fiscalía ya investiga los presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible.
Según el expediente, el concejal analizó un muestreo de medio centenar de contrataciones registradas en el Organismo Supervisor de Contrataciones con el Estado (OSCE) y concluyó que la mayoría habría sido adjudicada a grupos familiares que, pese a utilizar diferentes razones sociales, mantenían relaciones de consanguinidad o afinidad.
El primer caso corresponde a la empresa A&M Contratistas SR. LTDA., gerenciada por Manuel Hugo Manrique Ibarcena. Entre 2010 y 2023, contrató con la municipalidad por más de S/ 58 millones. Sus hermanas, a través de otras firmas, también obtuvieron onerosos contratos con la comuna cerreña.
Junior’s Contratistas SRL, dirigida por Ana María Manrique Ibarcena, obtuvo contratos por más de S/ 5 millones entre 2013 y 2018. Mientras que el Consorcio Sur Andino, cuya titularidad recae sobre Edith Gloria Manrique Ibarcena, consiguió nuevas adjudicaciones por S/ 672 mil 599, durante el año 2023.
No fue el único clan familiar en ganar licitaciones. Aureum Constructores SAC, representada por Antonio Donato Sucasaca Gutiérrez, ganó contratos con la municipalidad por S/ 672 mil 599 en 2023. Por otro lado, Magnus Contratistas Generales SAC, dirigida por su prima Ángela María Sucasaca Cáceres, también licitó entre el 2009 al 2012 por S/ 4 millones 018 mil 730.
Otro bloque empresarial investigado gira alrededor de Víctor Manuel Riquelme Aguilar, gerente de Varick Construcciones y Servicios SAC, cuya empresa contrató por S/ 41 millones 188 mil 887 entre 2012 y 2021. Paralelamente, ABP SRL, dirigida por su esposa Karina Mercedes Chirinos Bengoa, acumuló S/ 32 millones 679 mil 897 adicionales durante el mismo periodo.
La acusación también alcanza a la familia de Darío Ortiz Flores. Según el expediente que obra en el Ministerio Público, él contrató directamente con la municipalidad entre 2014 al 2024 por S/ 1 millón 202 mil 860. Mientras que su esposa Ruth Huamán Cahuana y posteriormente su hija Estefany Ortiz Ancco, primero como persona natural y luego mediante Cubika Construcciones y Servicios EIRL, continuaron obteniendo contratos públicos por S/ 1 millón 651 mil 479 en total.
El patrón continúa con la empresa Palaco EIRL, administrada por Anastacio Palaco Ccami, que obtuvo S/ 1 millón 900 mil 283 entre 2014 y 2024. A la par, J y H Palaco Servicios Generales SRL —representada por sus hijos Julio Palaco Riveros, Helen Palaco Riveros y Alicia Palaco Riveros— también facturó S/ 1 millón 258 mil 098 durante el mismo periodo.
La denuncia atribuye responsabilidad política y funcional al alcalde Manuel Vera Paredes y a un grupo de funcionarios encargados de los procesos de contratación. Entre los señalados aparecen el gerente municipal, Antonio Acosta Villamonte. También son mencionados exjefes y responsables del área de Logística, entre ellos Ana Cecilia Choque Santos, Rocío Campana Chacca, Raúl Adrián Mayta Guerrero y Amalia Gutiérrez Mamani.
El concejal Alonso Ranilla confirmó a Evidencia.pe que el caso se encuentra en etapa de investigación. A la fecha ya se realizaron algunas diligencias urgentes de parte del Ministerio Público, aunque todavía no hay un pronunciamiento sobre el caso. “Todavía permanece en investigación. Nos llamaron a declarar un par de veces”, concluyó sin dar mayores detalles por el estado del proceso.
S/ 149 millones facturaron los privados con las gestiones de Vera Paredes.
La Fiscalía también investiga el incremento de patrimonio de los funcionarios que participaron en estos procesos de selección.
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