Alejandro Maldonado, duncionario de Oscco en la cuerda floja.
La intervención del gerente municipal, Alejandro Maldonado, a favor de concesionarias del Sistema Integrado de Transportes (SIT) ya levantó polvo. Y es que la regidora provincial Rocío Mango presentó un oficio dirigido a la alcaldesa de Arequipa, Ruccy Oscco Polar, en el que solicita investigarlo por presuntos actos de favorecimiento a la empresa Megabus AQP SAC. La concejal sostiene que el funcionario actuó en contra de los intereses de la comuna al dejar sin efecto la ejecución de una carta fianza por más de S/ 1.5 millones.
El documento cuestiona específicamente el Memorando N.° 1229-2026-MPA/GM, emitido el 26 de junio de este año, mediante el cual Alejandro Maldonado dispuso suspender los efectos de la ejecución de la garantía y paralizar el procedimiento de resolución del contrato de concesión. Esta decisión constituye una muestra de «blindaje» a la empresa.
La regidora sostiene que las cartas fianza en contratos de concesión son de ejecución automática, incondicionada e irrevocable, por lo que bastaba el requerimiento de la entidad para hacer efectivo el cobro, sin necesidad de una resolución de alcaldía. Para la concejal, los consorcios deben cumplir con la renovación de buses y demás obligaciones previstas en el contrato.
La nulidad de la ejecución de las cartas fianza, explica Mango, contradice las cláusulas del contrato de concesión. En estas se establece que la ejecución de la misma no impide declarar la caducidad o resolver el contrato cuando existan incumplimientos. Aceptar una renovación tardía de la garantía financiera no subsana el incumplimiento de haberla presentado fuera del plazo establecido.
Finalmente, la regidora pidió a la alcaldesa declarar la nulidad de oficio del memorándum, destituir al gerente municipal y al gerente de Transportes por pérdida de confianza y ordenar la continuidad del proceso de resolución contractual contra Megabus y otras empresas del SIT que no habrían renovado oportunamente su flota.
La regidora Mango también pidió la intervención de la Contraloría General de la República y la Procuraduría Anticorrupción.
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