
Policía intenta resolver grave caso que involucra a agentes PNP
La investigación por el robo de armas a dos agentes de la Policía Nacional reveló nuevos detalles. El jefe de la Región Policial Arequipa, general PNP Antonio La Madrid, señaló que las pesquisas apuntan a que el armamento no iba a permanecer en manos de los delincuentes que ejecutaron el atraco, sino que sería vendido a organizaciones dedicadas al tráfico de terrenos en el Cono Norte de la ciudad.
La hipótesis surge a partir de las diligencias desarrolladas por la Divincri y las manifestaciones obtenidas durante la investigación. Aunque evitó revelar la identidad de los presuntos compradores para no afectar el proceso, sostuvo que existen elementos que vinculan el destino de las armas con mafias dedicadas a la usurpación ilegal de predios.
El caso se originó tras la denuncia formulada por dos suboficiales de la comisaría Andrés Avelino Cáceres, quienes aseguraron haber sido sorprendidos por delincuentes que les arrebataron un fusil AKM y dos pistolas mientras permanecían dentro de un patrullero en el distrito de Hunter. Sin embargo, desde un inicio la versión despertó sospechas debido a que los agentes se encontraban estacionados en un lugar que no correspondía a su ruta de patrullaje.
Además, los dos suboficiales, Leonardo Lastarria Llasa y Junior Abdón Pineda del Pino, continúan siendo investigados por Inspectoría de la Policía y el Ministerio Público. Las autoridades también investigan si parte del armamento recuperado tenía como destino otras organizaciones delictivas fuera de Arequipa, entre ellas grupos vinculados a la minería ilegal en el sur del país.
Aunque el fusil AKM y las dos pistolas ya fueron recuperados por los agentes del orden tras un operativo de inteligencia, las diligencias continúan para identificar a toda la red criminal y establecer quiénes planificaron el robo, quienes pretendían comprar las armas y cuál fue el verdadero papel que desempeñaron los policías ahora bajo investigación.
Dato
La Policía Nacional también investiga contactos de los agentes con bandas criminales vinculadas a minería ilegal.






