Mario José Torres Pérez apunta al decanato del CAP arrastrando críticas en su contra.
Aunque fue promotor de atentados contra el Patrimonio Histórico de la Ciudad Blanca, ahora busca dirigir el Colegio de Arquitectos de Arequipa. Mario José Torres Pérez, candidato al Decanato por la Lista N.° 3, arrastra una denuncia ética que lleva más de catorce meses sin resolverse y que lo señala como responsable de autorizar la construcción de un proyecto inmobiliario dentro de la Zona de Amortiguamiento del Centro Histórico de la ciudad, reconocido por la UNESCO.
El arquitecto obtuvo el 35% de los votos en la primera vuelta del proceso electoral del CAP Arequipa y este domingo 26 de julio se enfrenta a su homólogo Sandro Iván Bellido Lazo por la conducción del gremio para el periodo 2026-2029. Lo acompaña una fórmula integrada por Álvaro Daniel Del Carpio Galarza como candidato a vicedecano regional, Flor Melina Díaz Estrada a la dirección de Economía y Finanzas, y Eduardo Yowany Del Carpio Bellido Postigo a la dirección de Asuntos Gremiales y Comunales.
El caso que lo persigue tiene su origen en el proyecto correspondiente a ALFERZA, empresa que pretendía edificar un proyecto inmobiliario en la intersección de las calles Beaterio y La Recoleta. Según el presidente de la Asociación civil Actuemos Perú, Carlos Rivas, el candidato participó en la calificación del expediente como delegado Ad-Hoc del Ministerio de Cultura, pese a que, el estudio histórico que sustentó el proyecto había sido elaborado por él mismo años antes.
Sucede que el documento para el proyecto fue redactado originalmente en 2012 para la Caja Municipal de Arequipa, pero años después fue incorporado al expediente bajo la autoría formal de la empresa Espadaña Arquitectos S.R.L., conformada, según Rivas, por la esposa y la hija del arquitecto Mario Torres. Esta situación configuraría una infracción a la Directiva N.° 4-2018/VMPCIC/MC, que prohíbe a los funcionarios calificar trabajos de su propia autoría o de familiares directos.
Además, en su condición de representante del Colegio de Arquitectos ante la Junta de Superintendentes del Centro Histórico de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), utilizó esa misma tribuna para defender activamente el proyecto de ALFERZA en las sesiones de junio y julio de 2021, en lugar de ejercer la función de protección patrimonial que en teoría le correspondía como delegado del Ministerio de Cultura.
Incluso, desestimó observaciones internas de la propia Dirección Desconcentrada de Cultura sobre las elevaciones del edificio y su relación con el Tambo de Ruelas y la fachada al río Chili. Después, la Defensoría del Pueblo, mediante Oficio N.° 2014-2021-DP/OD-AQP del 17 de septiembre de 2021, recomendó la nulidad del acta que aprobó el proyecto y la reconformación de la comisión técnica calificadora, señalando la necesidad de «evitar vulneraciones al debido proceso».
Por su parte, la Fiscalía de Prevención del Delito también concluyó que existían irregularidades en la tramitación del expediente y remitió el caso a la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, al advertir que el mencionado tendría un conflicto de intereses y que existía «un peligro cierto» de responsabilidad penal por otorgamiento ilegal de derechos.
Actuemos Perú y otras organizaciones ciudadanas —entre ellas ADEGOPA, Arequipa Ciudad Sustentable, ASDEPROAR, el Patronato del Centro Histórico y la asociación Qelqay— vincularon el caso ALFERZA con una serie de intervenciones que, según sostienen, provocaron la pérdida irreversible de inmuebles patrimoniales durante el periodo en que el arquitecto participó en las instancias de calificación de proyectos del Centro Histórico.
Entre ellas mencionan la demolición de una casona contigua a la casona Ballón en la calle San Juan de Dios, la modificación de la fachada de la casa de la Policía de Turismo, la demolición de una vivienda de tipología inglesa en la esquina de San Juan de Dios con Salaverry, y la desaparición de una casona renacentista de fachada neoclásica del siglo XIX en la calle Rivero.
El daño es grande. Aunque ALFERZA no edificó nada, obtuvo la opinión del arquitecto en nombre del Ministerio de Cultura. Esto llevó a demandar a la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) por 32 millones de soles por negarles la autorización. Según Actuemos Perú, una primera denuncia contra los integrantes de la comisión que aprobó el proyecto ALFERZA fue presentada en julio de 2024, pero quedó en nada por supuestos defectos de presentación.
Después se interpuso otra demanda el 23 de abril de 2025, pero continúa sin resolución catorce meses después. Ante la falta de respuesta, Carlos Rivas remitió una carta notarial en octubre de 2025 exigiendo explicaciones sobre la demora. La respuesta del Comité Regional de Ética del Colegio de Arquitectos no precisó en qué situación se encontraba la denuncia.
Frente a ese silencio institucional, la asociación remitió el 16 de julio una carta a la decana nacional del CAP advirtiendo un posible blindaje al arquitecto y solicitó explícitamente que se le inhabilite para el proceso electoral en curso. También se remitió un escrito ante el Jurado Electoral Regional del CAP solicitando que verifique si cumple con el requisito de no encontrarse inmerso en proceso disciplinario al momento de postular. Ahora todo está en manos de los agremiados del Colegio de Arquitectos.
La MPA afronta un proceso por no autorizar la construcción del proyecto inmobiliario de Alferza.
14 meses después, el CAP no resuelve la situación del arquitecto que hoy tienta el Decanato.
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