¿Mandachitos 2? El Ministerio Público investiga, desde hace meses, a una aparente organización criminal que operaría desde el corazón de la Gerencia de Transportes y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca. El caso alcanza al alcalde Óscar Cáceres e involucra a funcionarios sobre los que pesarían evidencias de cobros de hasta 5 mil soles para la anulación de papeletas impuestas por la Policía Nacional.
Una investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Puno mantiene en vilo a funcionarios deshonestos de la Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca luego de poner al descubierto la presunta red criminal denominada «Los Burros de la Corrupción», la misma que operaba enquistada en la Gerencia de Transportes y Seguridad Vial. Esta organización convirtió la anulación de las papeletas impuestas por la Policía Nacional (sanciones de tránsito) en un lucrativo negocio ilícito. Todo hace suponer que operó entre el 2024 y 2025.
Es cierto, este modus operandi, apenas detallado en estas primeras líneas, seguramente les recordará a los puneños la reciente intervención de la organización criminal “Los Mandachitos de la Corrupción”, en el que también está investigado el mismo alcalde provincial de Puno, Javier Ponce Roque. El caso de Juliaca, parece casi un calco de los hechos, pero con distintos protagonistas y aquí también está involucrada la principal autoridad edil de San Román, Óscar Cáceres Rodríguez.
Sin embargo, esta historia no comenzó la noche del martes 16 de junio, cuando más de un centenar de policías allanó las instalaciones de la Gerencia de Transportes, subgerencias y las viviendas de varios de los involucrados. Inició en el último trimestre del 2024, cuando la Policía reportó al Ministerio Público la situación irregular detectada: varias papeletas no eran ejecutadas, es decir, no se cobraban las multas y tampoco se cancelaban las licencias a pesar de la gravedad de las infracciones. Esta situación dio pie a una investigación de largo aliento con tipificaciones penales que van desde organización criminal, cohecho pasivo propio hasta tráfico de influencias.
Modus operandi
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, la presunta red funcionaba desde el terminal terrestre de Juliaca, donde se encuentran las oficinas de la Gerencia de Transportes. Los involucrados operaban desde la dualidad porque aprovechando sus cargos y funciones llevaban a cabo acciones licitas e ilícitas en paralelo, todo con el fin de anular las infracciones de chóferes. Hay más de 30 casos documentados por la Fiscalía.
El esquema se centraba en las infracciones más graves del Reglamento Nacional de Tránsito (RNT): M1, M2 y M3 (conducir ebrio, causar accidentes o manejar sin licencia), cuyas multas pueden alcanzar el 100% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) e incluyen la cancelación definitiva del brevete.
El primer paso que daban los sospechosos era la captación. Los conductores infractores eran abordados en las inmediaciones de las oficinas municipales por «brazos operativos» (personal de seguridad o tramitadores particulares). Posteriormente, durante la negociación les solicitaban pagos de entre 500 y 5 mil soles para «limpiar» el sistema. En interceptaciones telefónicas, se detectó el uso de lenguaje cifrado.
Una vez pactado el pago, los funcionarios omitían dolosamente el registro de la sanción en el Sistema Nacional de Sanciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), desaparecían los expedientes físicos, alteraban la información o anulaban fraudulentamente las papeletas. Y, para cerrar el círculo, liberaban los vehículos, era la fase final que consistía en la entrega irregular de las unidades internadas en el depósito municipal sin el pago de las multas de ley.
Alcalde y hombres clave
La investigación del fiscal anticorrupción Arturo Zirena Asencio establece que son diez los involucrados en este caso, entre ellos, nada menos que el mismo alcalde de San Román – Juliaca, Óscar Cáceres Rodríguez. La autoridad edil, según se acusa, habría iniciado las bases y la operatividad de esta red y habría “enquistando a un grupo de funcionarios y servidores públicos, para la ejecución de los objetivos de la organización criminal”.
También figura Hardy Meyer Quispe Lipa, gerente de Transportes, quien es señalado como el organizador que utilizaba su nivel jerárquico para impartir instrucciones directas y supervisar las captaciones ilícitas.
Uno de los más involucrados sería Edwerson William Pacori Paricahua, subgerente de Circulación. Todo hace suponer que era el articulador principal para la anulación de papeletas. Fue grabado por un agente encubierto solicitando mil 500 soles.
Otro alto funcionario sospechoso es Yony Apaza Justo, subgerente de Vehículos Menores, quien, al parecer, servía de enlace entre los tramitadores externos y los altos mandos, manipulando procesos en su unidad.
Alberth Dany Aguirre Carbajal, quien se desempeñaba como jefe de la Oficina de Liberaciones, de acuerdo a las indagaciones, ejecutaba la etapa final autorizando la salida de vehículos de los depósitos sin cumplir con las retenciones legales.
Entre los brazos operativos se encontrarían Eber Lucio Portada Mamani, quien era técnico administrativo a quien le habrían encargado la manipulación material y el extravío sistemático de los expedientes físicos para borrar las infracciones.
También estaría seriamente involucrado Jhordan Henrry Tintaya Luchini, personal de Seguridad que habría actuado como primer contacto o «jalador», abordando infractores para ofrecerles «asistencia» ilícita a cambio de dinero.
Detenidos y fugados
En días previos al megaoperativo desarrollado en Juliaca, la Fiscalía Anticorrupción solicitó ante el Poder Judicial la detención y el allanamiento de las viviendas de los diez involucrados, en la lista figuraba también Óscar Cáceres. Estas medidas buscan garantizar la presencia de los sospechosos y encontrar documentos o pruebas que den mayor peso a la investigación y que permita una acusación y posterior juicio.
El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios declaró infundado el pedido de detención preliminar contra Cáceres. Se determinó que la imputación que hizo el Ministerio Público fue genérica y que, por el momento, no existen actos que lo vinculen directamente a los hechos. Al menos, no en esta etapa.
Una situación similar ocurrió con la secretaria que trabaja en la gerencia, Victoria Pamela Onofre Meza y los abogados privados tramitadores Alex Grover Apaza Mamani y Alex Carlos Álvarez Condori. Sin embargo, el juez a cargo dejó en claro que la Fiscalía puede volver a solicitar la detención de estas cuatro personas, incluido el alcalde de Juliaca, si el análisis de los equipos incautados y el levantamiento del secreto de comunicaciones aportan nuevas pruebas.
Por ello, durante el megaoperativo, debieron ser detenidos (por el plazo de 10 días) seis varones: Yony Apaza, Alberth Aguirre, Jhordan Tintaya, Eber Portada, Hardy Quispe y Edwerson Pacori; sin embargo, la Policía reportó la captura solo de los tres primeros. Al parecer, a los tres últimos, entre ellos el gerente de Transportes, les dio el tiempo de fugar antes de ser alcanzados por las autoridades.
Este caso es considerado complejo y, al parecer, existen pruebas muy reveladoras contra los sospechosos producto de la videovigilancia a los involucrados, la intervención de un policía encubierto y la interceptación de las comunicaciones.
Cifra
3 son las tipificaciones penales: organización criminal, cohecho pasivo propio y tráfico de influencias.
Dato
Los sospechosos operaban desde la dualidad: actos lícitos e ilícitos que les permitían sus funciones
