La investigación apunta a que dos policías facilitaron la sustracción del armamento oficial.
El supuesto robo a dos agentes de la Policía en el distrito de Jacobo Hunter fue un montaje. Y es que la Fiscalía y la División de Investigación Criminal (Divincri) tienen fuertes sospechas de que el atraco fue previamente planificado con los delincuentes. El objetivo fue apropiarse de un fusil AKM y dos pistolas de reglamento con municiones.
Como resultado de las investigaciones, el Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Jacobo Hunter obtuvo una orden judicial de detención preliminar por siete días, con allanamiento y descerraje contra cinco integrantes de la banda criminal denominada «Los Ranqueados de Hunter», que incluye a los suboficiales PNP Leonardo Nicolás Lastarria Llasa y Junior Abdón Pineda del Pino.
En manos de la justicia
Los investigados son procesados por los presuntos delitos de banda criminal, robo agravado y peculado doloso en agravio del Estado. Este último delito fue incorporado por el supuesto quebrantamiento del deber funcional de custodia del armamento asignado a los efectivos policiales.
El operativo se ejecutó la noche del 9 de julio, desde las 21:30 horas, por agentes de la Divincri con apoyo táctico de la SUAT. Las diligencias comprendieron el allanamiento de tres inmuebles ubicados en los distritos de Cerro Colorado y Jacobo Hunter. Además de intervenciones en la Comisaría Andrés Avelino Cáceres para el registro de los bienes y ambientes vinculados a los policías investigados.
Durante la intervención fue detenido el suboficial PNP Leonardo Nicolás Lastarria Llasa, mientras que su colega, el suboficial PNP Junior Abdón Pineda del Pino, no fue ubicado y permanece como no habido. También fueron capturados los civiles Fredy Reynaldo Pascual Arapa, Víctor Anthony Machaca Paja y Axel Fernando Orellana Melo, quienes quedaron a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones.
Cómplices del robo
El caso se remonta a la madrugada del 1 de julio de 2026, cuando se reportó el asalto contra los agentes que patrullaban en la Asociación de Vivienda Santa Mónica, en el distrito de Jacobo Hunter. En ese momento se informó que delincuentes encapuchados los despojaron de un fusil AKM de guerra y dos pistolas Pietro Beretta con municiones, tras ser reducidos mientras permanecían en un patrullero de la Comisaría Andrés Avelino Cáceres.
La versión inicial sostenía que se trataba de un ataque perpetrado por delincuentes comunes. Incluso, pocos días después, la Policía capturó a Víctor Machaca y Axel Orellana como presuntos autores materiales del ilícito, recuperó el vehículo utilizado en la fuga y ubicó el armamento enterrado en la misma jurisdicción.
Sin embargo, el avance de las diligencia dio un giro. Según la Divincri, el procesamiento de registros de videovigilancia, pericias dactiloscópicas mediante el sistema AFIS, labores de inteligencia y procedimientos especiales revelaron que el asalto nunca fue un hecho fortuito, sino una acción concertada con varias semanas de anticipación.
Fue teatro
Las pesquisas fiscales sostienen que el plan comenzó con un falso reporte de emergencia comunicado a la central policial sobre un presunto intento de violación sexual. Esa alerta sirvió para atraer deliberadamente al patrullero hacia una zona oscura y descampada, donde ya esperaban los demás integrantes de la organización.
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, el suboficial Leonardo Lastarria facilitó el robo fingiendo ser una víctima del asalto y vulnerando intencionalmente las medidas de seguridad del patrullero para permitir que sus cómplices se apoderaran del armamento. Mientras tanto, los delincuentes redujeron violentamente al conductor de la unidad, quien sufrió lesiones en el rostro durante el supuesto atraco.
Además de las detenciones y allanamientos, el Poder Judicial autorizó el levantamiento del secreto de las telecomunicaciones de los investigados. La medida comprende la visualización de mensajes de WhatsApp y otras redes sociales, así como la geolocalización en tiempo real de los teléfonos celulares que presuntamente fueron utilizados para coordinar la comisión del delito.
DATO
La Fiscalía sostiene que fueron los mismos policías quienes facilitaron la sustracción del fusil AKM y las pistolas de reglamento, traicionando la función que tenían de custodiar el armamento del Estado.
DATO
Son procesados por los presuntos delitos de banda criminal, robo agravado y peculado doloso en agravio del Estado.
