Alcalde de Puno es incluido en investigación del caso “Mandachitos de la Corrupción»

La investigación por la red de coimas en Transportes de Puno se amplía. Fiscalía incluyó al alcalde Javier Ponce y el Poder Judicial dictó 10 días de detención preliminar para seis implicados por presunta corrupción.

Seis implicados cumplen detención preliminar por 10 días.

La investigación por la presunta red de coimas en la Gerencia de Transportes de la Municipalidad Provincial de Puno sumó un nuevo elemento clave. La Fiscalía Anticorrupción incluyó al alcalde Javier Ponce Roque dentro de las diligencias del caso denominado “Mandachitos de la Corrupción”, mientras que el Poder Judicial dispuso 10 días de detención preliminar contra seis implicados.

Ponce Roque es investigado por el presunto delito de cohecho pasivo propio. Según el Ministerio Público, se evalúa si tuvo conocimiento de los cobros indebidos que se habrían realizado a transportistas desde la Gerencia de Transportes, lo que forma parte de la línea de investigación para determinar su nivel de responsabilidad.

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Frente a la investigación, Ponce Roque señaló que colaborará con las autoridades y negó cualquier vínculo con actos irregulares. Además, aseguró que brindará todas las facilidades al Ministerio Público y sostuvo que su gestión no ha promovido prácticas ilegales.

El caso salió a la luz tras denuncias de transportistas que alertaron sobre pagos irregulares para anular papeletas o agilizar trámites.

Detención preliminar

Tras las diligencias fiscales y policiales, el Poder Judicial ordenó la detención preliminar por 10 días de seis personas investigadas como presuntos integrantes de esta red, quienes habrían cumplido funciones dentro del sistema de control de infracciones de tránsito.

Entre los detenidos figuran trabajadores vinculados a áreas clave como el registro de papeletas, asesoría legal y liberación vehicular, espacios desde donde se habría operado el presunto esquema de cobros indebidos.

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Dato

El delito de cohecho pasivo propio —por el cual es investigado el alcalde— está sancionado con penas que pueden superar los 8 años de prisión.

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