Los colegios profesionales pueden contribuir con conocimiento especializado a las políticas regionales de salud, educación, infraestructura y seguridad.
Por: Karola Lara Manchego. Doctora en Comunicación y Desarrollo
Una democracia no se fortalece únicamente con autoridades elegidas por el voto popular. También necesita instituciones sólidas, participación ciudadana, conocimiento especializado y una auténtica disposición al diálogo. Sin embargo, en nuestro país persiste una preocupante distancia entre quienes ejercen el poder político y las instituciones que, desde sus distintas especialidades, podrían contribuir a mejorar las decisiones públicas.
Una reciente información publicada en un diario local pone nuevamente sobre la mesa una situación que merece una reflexión profunda: la escasa apertura de las autoridades del Gobierno Regional de Arequipa para incorporar de manera permanente y efectiva el aporte de los colegios profesionales.
No se trata de instituciones menores ni de simples organizaciones gremiales. El artículo 20 de la Constitución Política del Perú reconoce a los colegios profesionales como instituciones autónomas con personalidad de derecho público. Asimismo, el artículo 107 les reconoce iniciativa legislativa en las materias que les son propias. Su naturaleza jurídica expresa una responsabilidad que trasciende la defensa de sus agremiados: contribuir al bienestar colectivo, promover el ejercicio ético de las profesiones y aportar conocimientos especializados a la solución de los problemas nacionales.
En Arequipa, el Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales (CONREDE) constituye un importante espacio de articulación interprofesional. Su directorio institucional ha reunido a 28 colegios y representaciones profesionales, entre ellos los de abogados, médicos, ingenieros, arquitectos, periodistas, profesores, economistas, contadores, enfermeros, psicólogos, sociólogos, biólogos, odontólogos, obstetras, nutricionistas, químicos farmacéuticos, trabajadores sociales y otras especialidades. Aunque el número de miembros habilitados puede variar, esta diversidad evidencia el extraordinario potencial de conocimiento y experiencia que existe en nuestra región.
¿Qué gobierno podría prescindir razonablemente de semejante capital humano e intelectual? Arequipa enfrenta problemas estructurales que exigen mucho más que discursos, anuncios o decisiones tomadas desde los despachos oficiales. La crisis de los servicios de salud, las deficiencias educativas, el crecimiento urbano desordenado, la inseguridad ciudadana, los conflictos socioambientales, las dificultades de infraestructura y la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática requieren diagnósticos rigurosos, propuestas multidisciplinarias y decisiones sustentadas en evidencia.
Los colegios profesionales pueden contribuir precisamente en estos campos. Los médicos y profesionales de la salud, en la evaluación de los servicios sanitarios; los ingenieros y arquitectos, en la planificación de infraestructura y ordenamiento territorial; los economistas y contadores, en el análisis de la inversión pública; los abogados, en el fortalecimiento de la legalidad; los educadores y psicólogos, en las políticas educativas y sociales; y los periodistas y comunicadores, en la transparencia, el acceso a la información y la comunicación pública responsable.
La lista podría continuar, porque cada profesión tiene una contribución que ofrecer al desarrollo regional. No obstante, según la información periodística difundida, durante los cuatro años de la actual gestión regional no se logró consolidar un espacio permanente de coordinación con CONREDE. Aunque existieron reuniones y algunas participaciones puntuales, estas no se tradujeron en una articulación sostenida que permitiera incorporar sistemáticamente las propuestas profesionales a las decisiones gubernamentales.
Esta situación merece un cuestionamiento público. ¿Por qué las autoridades no han institucionalizado mecanismos de consulta y cooperación con los colegios profesionales? ¿Qué razones explican que un conjunto tan diverso de especialistas no haya tenido una participación más activa en la formulación y evaluación de políticas regionales? ¿Acaso el conocimiento técnico resulta incómodo cuando plantea observaciones, cuestiona decisiones o exige transparencia?
Gobernar no significa concentrar todas las respuestas. Por el contrario, una gestión democrática debe reconocer sus limitaciones, escuchar opiniones distintas y aprovechar las capacidades existentes en la sociedad. La legitimidad electoral otorga autoridad para gobernar, pero no convierte a los gobernantes en especialistas de todas las materias ni los exime de sustentar sus decisiones.
Es necesario recordar que la participación de los colegios profesionales no implica sustituir a las autoridades democráticamente elegidas, interferir en sus competencias ni reclamar cuotas de poder. Su contribución debe sustentarse en la independencia, la meritocracia, la solvencia técnica y la defensa del interés público.
Pero la reflexión también debe alcanzar a los propios colegios profesionales y a CONREDE. Su autonomía constitucional no puede convertirse en pasividad institucional. No basta con reclamar reuniones o lamentar la falta de convocatoria. Estas organizaciones tienen la responsabilidad de ejercer una presencia activa en la vida regional, elaborar propuestas, pronunciarse frente a los grandes problemas ciudadanos, promover debates públicos y exigir respuestas fundamentadas a las autoridades.
Los colegios profesionales no deben limitar su actuación a ceremonias protocolares, celebraciones institucionales, procesos electorales internos o reivindicaciones gremiales. Su verdadera trascendencia se expresa cuando ponen el conocimiento al servicio de la población, defienden principios éticos y contribuyen a construir soluciones para los problemas colectivos.
En ese sentido, CONREDE debería consolidarse como un espacio de pensamiento crítico, articulación interdisciplinaria y vigilancia ciudadana, capaz de formular una agenda regional de propuestas, promover mesas técnicas y hacer públicos los resultados de su intervención. La sociedad tiene derecho a conocer qué plantean sus colegios profesionales, qué aportes han presentado y cuál ha sido la respuesta de los gobiernos.
Esta responsabilidad alcanza a los tres niveles del Estado. El Gobierno nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades deberían promover canales transparentes y permanentes de participación especializada, sin condicionamientos políticos ni subordinaciones institucionales. La planificación territorial, la elaboración de políticas públicas y la evaluación de servicios pueden enriquecerse con el aporte de instituciones que reúnen formación académica, experiencia profesional y conocimiento de la realidad.
En Arequipa, esta relación debería expresarse en una agenda conjunta de desarrollo, con prioridades definidas, comisiones técnicas, propuestas documentadas, mecanismos de seguimiento y rendición pública de resultados. No se necesitan más fotografías de reuniones protocolares, sino compromisos verificables y decisiones que incorporen, cuando corresponda, recomendaciones sustentadas.
La poca apertura gubernamental hacia los colegios profesionales representa una oportunidad desaprovechada para fortalecer la gestión pública. Pero también constituye un llamado a estas instituciones para demostrar, mediante acciones concretas, que su presencia en la sociedad va mucho más allá de la representación corporativa.
Los colegios profesionales no están para aplaudir a los gobiernos ni para convertirse en sus adversarios permanentes. Están para aportar conocimiento, ejercer una crítica responsable, defender la ética y contribuir al desarrollo de la sociedad.
Las autoridades deben comprender que escuchar no debilita el poder; por el contrario, puede mejorar la calidad y legitimidad de sus decisiones. Y los colegios profesionales deben asumir que su reconocimiento constitucional conlleva una responsabilidad pública que no admite indiferencia.
Arequipa necesita gobiernos que escuchen y colegios profesionales que propongan, cuestionen y actúen. Porque cuando el conocimiento especializado permanece al margen de las decisiones públicas, quien pierde una oportunidad de desarrollo no es solamente una institución: es toda la sociedad.
CITA
“Una democracia no se fortalece únicamente con autoridades elegidas por el voto popular. También necesita instituciones sólidas”
CIFRA
28 colegios son las instituciones profesionales que ha reunido el directorio de CONREDE en Arequipa.
DATO
Se necesita una agenda conjunta de desarrollo regional con comisiones técnicas, prioridades definidas y rendición pública de resultados.
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