Cardenal Juan Luis Cipriani entre los acusados por violencia sexual.
A pocos días de que el papa León XIV pise suelo peruano, el velo del hermetismo eclesiástico volvió a rasgarse en Lima. En una conferencia de prensa marcada por la gravedad de las revelaciones, la organización estadounidense BishopAccountability.org hizo pública una investigación exhaustiva que identifica a 77 integrantes de la Iglesia católica en el Perú acusados públicamente de abuso sexual contra menores de edad. El documento no solo reconstruye expedientes judiciales y testimonios periodísticos acumulados durante años, sino que coloca en el centro del debate público la respuesta de la jerarquía católica frente a delitos cometidos en recintos parroquiales, colegios e instituciones religiosas a lo largo de todo el país.
Mapa del silencio
La investigación presentada en Lima constituye uno de los esfuerzos más sistemáticos por consolidar la memoria de los abusos provocados por el clero local. El catastro elaborado por la organización estadounidense BishopAccountability.org abarca a un espectro amplio de la estructura religiosa: sacerdotes, hermanos, seminaristas y laicos consagrados, tanto de nacionalidad peruana como extranjeros que ejercieron funciones pastorales o educativas en el territorio nacional.
Para la confección de este inventario, los investigadores cruzaron datos provenientes de publicaciones de prensa, archivos de los tribunales de justicia y los hallazgos consignados en el informe publicado en 2019 por la Comisión Investigadora de Abusos Sexuales contra Menores de Edad en Organizaciones de Perú. No obstante, la organización advirtió que la nómina de 77 religiosos no representa necesariamente la totalidad de los casos existentes en el país, dada la persistente ausencia de estadísticas oficiales y públicas sobre víctimas y clérigos denunciados por parte de las autoridades eclesiásticas.
Confesión y viajes
El informe periodístico saca a la luz episodios donde la intimidad del sacramento de la confesión y los viajes de formación espiritual fueron presuntamente utilizados como entornos de vulneración. Entre los nombres incluidos en la lista figura el cardenal Juan Luis Cipriani Thorne, integrante del Opus Dei y exarzobispo de Lima.
Según la documentación recopilada, en el año 2018 un ciudadano dirigió una carta al papa Francisco en la que denunció presuntos abusos ocurridos en 1983, época en la que el denunciante tenía entre 16 y 17 años de edad. En su testimonio, la víctima relató que el sacerdote, quien en aquel entonces era su confesor, incurrió en tocamientos indebidos, caricias y besos durante las sesiones de confesión.
Asimismo, en la capital peruana, el caso del sacerdote Marco Agüero Vidal ilustra la inmediatez de las acciones judiciales recientes y los cuestionamientos a la oportunidad de las investigaciones canónicas. Agüero Vidal fue detenido por las autoridades el 3 de marzo de 2026 en la parroquia Nuestra Señora de la Alegría, ubicada en el distrito de San Borja, Lima, tras la acusación presentada por cinco mujeres —tres de ellas menores de edad al momento de los hechos— por presuntos tocamientos durante la confesión.
Ante la detención, la Arquidiócesis de Lima reconoció que había recibido advertencias en diciembre de 2025 y comunicó el inicio de una investigación preliminar. El 13 de marzo de 2026, la Fiscalía solicitó nueve meses de prisión preventiva; sin embargo, el 18 de abril el Poder Judicial resolvió levantar la prohibición de salida del país que pesaba sobre el religioso.
Asimismo, la investigación documenta denuncias procedentes de otras regiones. En la Prelatura de Huamachuco, el sacerdote Manuel Mendoza Ruiz fue denunciado en 2015 por presuntos tocamientos sexuales en agravio de un adolescente de 15 años durante el viaje de retorno de un retiro espiritual en Chimbote. La madre del menor presentó una denuncia penal en mayo de 2017. Aunque el clérigo fue suspendido en 2016, posteriormente se modificaron las restricciones impuestas sobre su actividad.
Entre los tribunales
El registro de la organización pone en evidencia la variada trayectoria judicial que enfrentan los casos de abusos en el país, mostrando escenarios con desenlaces jurídicos divergentes en las instancias penales.
El caso del sacerdote Luis Alejandro Bazalar García refleja las complejas dinámicas de juzgamiento en el fuero civil. En enero de 2016, Bazalar García fue condenado por la justicia penal a ocho años de prisión por un caso relacionado con un seminarista de 17 años. No obstante, en agosto de ese mismo año, la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia condenatoria y lo absolvió de todos los cargos argumentando insuficiencia probatoria.
Dentro del conjunto de casos sistematizados, el expediente de la diócesis de Chiclayo adquiere particular relevancia ante la llegada del papa León XIV. Las acusaciones recaen sobre el sacerdote Eleuterio Vásquez González, conocido como «padre Lute», y el sacerdote Ricardo Yesquén Paiva.
En noviembre de 2023, Ana María Quispe hizo públicas las denuncias por abusos sexuales que sufriera entre los años 2005 y 2009 a manos de ambos clérigos. De acuerdo con su declaración, la víctima informó previamente de los hechos a Robert Prevost, entonces obispo de Chiclayo, quien dio crédito a su testimonio y la animó a denunciar ante las autoridades. La propia diócesis de Chiclayo confirmó posteriormente que el actual pontífice instruyó una investigación preliminar y remitió el expediente completo a la Santa Sede el 21 de julio de 2022.
Cuentas pendientes
La divulgación de este registro en la antesala de la visita pontificia vuelve a situar las denuncias por abuso eclesiástico en el Perú en el centro del debate sobre la justicia y la reparación a las víctimas. Los datos reunidos por BishopAccountability.org muestran un panorama donde las medidas institucionales han oscilado entre la apertura de investigaciones y la flexibilización de restricciones impuestas a los implicados.
Frente al subregistro motivado por la falta de estadísticas oficiales por parte de las autoridades eclesiásticas, las organizaciones de la sociedad civil sostienen que la reconstrucción de la verdad exige la máxima transparencia y la colaboración irrestricta con el fuero civil.
Cifra
77 integrantes de la Iglesia católica acusados públicamente de abuso sexual contra menores.
Dato
Juan Luis Cipriani Thorne, integrante del Opus Dei y exarzobispo de Lima, fue acusado en 2018.
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