Zegarra afirma que hubo un "guerra sucia" en su contra que no le permitió ganar el primera vuelta.
Durante toda la primera etapa de la campaña electoral, Alfredo Zegarra, candidato a gobernador por Fuerza Arequipeña, afirmaba reiteradamente que no tenía sentencias, pero su pasado lo condena y es la carga que le pesará de cara a esta segunda vuelta regional.
Solo basta mirar primero su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones para participar en estos comicios. Aquí declara dos fallos judiciales en su contra por el delito de responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos.
En una primera sentencia del 2019 recibió cuatro años de prisión suspendida que corresponde a la aprobación irregular del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) y la segunda es del 2021 de tres años y seis meses también de pena suspendida, relacionada a la entrega ilegal de derechos por el cambio de zonificación del Eco Parque Metropolitano.
Sin embargo, el candidato omitió mencionar otros procesos judiciales, que incluso casi lo dejaron fuera de la contienda. Esto fue advertido por el Jurado Electoral Especial (JEE) Arequipa que declaró, en una primera instancia, inadmisible su lista. Además, se indicó que no presentó la documentación necesaria para demostrar que las penas fueron cumplidas o que cuenta con rehabilitación judicial.
Tacha
Durante esta primera jornada electoral, Zegarra fue blanco de tachas y una de estas hizo temblar a Fuerza Arequipeña. El candidato y entonces docente de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), tenía una sanción disciplinaria impuesta por la casa agustina con el estado de vigente en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC) de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR).
El caso deviene de cuando el Segundo Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa lo declaró autor del delito de responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos por atentar contra el medio ambiente y lo inhabilito para ejercer un cargo público.
La UNSA aplicó la Ley Universitaria N° 30220 que establece como causal de destitución tener una condena por delito doloso. Zegarra, sin embargo, sostuvo durante el procedimiento que la rehabilitación penal impedía aplicarle la sanción.
La casa de estudios lo rechazó y lo retiró de la docencia universitaria. Para suerte del candidato, el JEE declaró infundada la tacha.
La carga más pesada
Tras no poder superar la valla del 30%, Zegarra aseguró, en entrevista con Radio Yaraví, que no pudo ganar los comicios porque le inventaron una “mentira enorme” que lanzaron sus supuestos detractores como guerra sucia y era que, de llegar al Gobierno regional, no podría ejercer los cuatro años de gestión. Sin embargo, esta posibilidad es real.
El candidato es procesado penalmente por el delito de colusión agravada, un delito tipificado como corrupción. En mayo de 2025, Zegarra fue sentenciado a seis años de prisión por el delito en mención, pero meses después se anuló la sentencia y se ordenó realizar un nuevo juicio oral.
En noviembre del año pasado, el colegiado de la Sala de Apelaciones Transitoria de Extinción de Dominio argumentó que el análisis que emitió la condena carecía de una evaluación completa. Sin embargo, Zegarra aseguró que “se anuló por falta de prueba”, esto no es preciso y no indica que es inocente.
“No tengo ningún juicio que nos pueda perjudicar (…) Es un juicio de mero trámite, ese juicio lo han programado para el 2029”, trató de minimizar Zegarra, sabiendo que una condena lo podría dejar fuera a mitad de su periodo de llegar a vencer en la segunda vuelta.
Dato
Alfredo Zegarra obtuvo 25.22 % de votos válidos, asegurando su pase en segunda vuelta con Jenry Huisa de Ahora Nación.
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