La muerte de Gabriel Ríos Mamani, de 49 años, en el Camino Inca, y de Alipio Ascencio Quiñonez Pérez, de 64, en la ruta Mollepata-Salkantay, llevó a la Federación Regional de Porteadores de Cusco a declararse en duelo y volver a poner bajo cuestionamiento las condiciones en las que trabajan quienes trasladan equipaje de turistas por las rutas de alta montaña.
El dirigente del gremio, Miguel Maitá, expresó sus condolencias a las familias y pidió esclarecer las circunstancias de ambas muertes. Sin embargo, el reclamo también apunta a un problema que, según los porteadores, se mantiene desde hace años: las condiciones de seguridad y laborales en los principales circuitos turísticos de la región.
El gremio exige que se priorice la seguridad y el mantenimiento de rutas como el Camino Inca, Salkantay, Choquequirao, Vilcabamba y Ausangate, donde los trabajadores deben desplazarse durante largas jornadas por zonas de alta montaña y transportar parte del equipamiento utilizado por los grupos de turistas.
La Federación también cuestionó el cumplimiento de la Ley del Trabajador Porteador y pidió una mayor intervención de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y del Ministerio de Trabajo.
La preocupación no es nueva. En 2026, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco informó que capacitó a más de 5.000 porteadores que trabajan en la Red de Caminos Inka de Machupicchu. En esas jornadas participaron también Sunafil, Sernanp y la Dircetur, con información relacionada con la Ley del Porteador y las condiciones de trabajo.
Una ley que reconoce derechos
La legislación establece condiciones específicas para quienes realizan esta actividad. La Ley N.° 31614 y sus posteriores modificaciones reconocen al porteador como trabajador independiente y establecen, entre otros aspectos, límites para la jornada laboral y condiciones destinadas a proteger su seguridad. El Gobierno Regional del Cusco señaló en 2024 que la modificación de la norma beneficiaría a más de 8.000 porteadores de la región.
La normativa también contempla que la autoridad inspectiva de trabajo debe vigilar y exigir su cumplimiento. Además, establece disposiciones relacionadas con espacios de descanso y pernoctación para estos trabajadores.
Uno de los puntos más sensibles es el peso que pueden transportar. La regulación contempla un máximo de 20 kilos para los varones y 15 kilos para las mujeres, además de alimentación, vestimenta y equipos adecuados, descanso y seguro complementario de trabajo de riesgo.
Precisamente, desde el gremio se ha advertido que en la práctica algunos trabajadores terminan transportando cargas superiores a las permitidas. Miguel Mayta pidió públicamente que Sunafil y el Ministerio de Trabajo realicen operativos en el Camino Inca y sostuvo que algunos porteadores aceptan llevar más peso por necesidad económica.
La investigación por la muerte continúa
En el caso de Gabriel Ríos Mamani, de 49 años, fallecido en el Camino Inca, la Federación informó que brinda respaldo moral y legal a la familia mientras, se espera el resultado de la necropsia. La abogada y representante del gremio, Yanina Valverde, señaló que ya tomó contacto con el fiscal encargado de las diligencias.
La Federación evitó responsabilizar directamente a la agencia Alpaca Expeditions y señaló que esperará los resultados de la investigación. Si las diligencias determinan algún incumplimiento de la Ley del Porteador, su reglamento o las condiciones laborales establecidas, el gremio evaluará iniciar las acciones legales correspondientes.
La propia agencia rechazó las versiones de abandono y aseguró que colabora con las autoridades. Por ello, cualquier responsabilidad deberá establecerse a partir de la investigación fiscal y de las diligencias correspondientes.
Dato
La Dirección de Cultura incluso ha señalado que los porteadores provienen de distintas localidades de Cusco y que las capacitaciones incluyen aspectos de conservación de la ruta, atención al turista y derechos vinculados a su actividad.
