Gerente Maldonado actúa a favor de concesionarias infractoras.
La decisión del gerente de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), Alejandro Maldonado López, de dejar sin efecto la ejecución de las cartas fianza de la empresa Megabus AQP S.A.C. ya levantó polvo. Un ciudadano presentó este 3 de julio un pedido formal a la regidora Rocío Mango Chipana para que intervenga e impulse una investigación por favorecimiento indebido.
Sucede que el flamante funcionario de la alcaldesa Ruccy Oscco, mediante Memorándum N° N.° 1229-2026-MPA/GM, ordenó declarar la nulidad de oficio de los informes que sustentaron la ejecución de las cartas fianza de la empresa adscrita al Sistema Integrado de Transportes (SIT). El objetivo es devolver S/ 1 millón 538 mil 617 y retroceder en el procedimiento de resolución de los contratos con las empresas infractoras.
La ejecución de las millonarias garantías fue dispuesta durante la gestión del entonces alcalde Víctor Hugo Rivera Chávez. En 2025, la MPA determinó que Megabus AQP S.A.C. incumplió con mantener vigentes tres cartas fianza de fiel cumplimiento exigidas en sus contratos de concesión.
Posteriormente, en marzo de 2026, la municipalidad confirmó que la empresa, junto al Consorcio Cono Norte SAC, continuaba operando sin renovar las garantías. Ante el incumplimiento que se prolongó por más de un año, el 24 de abril de 2026 la comuna, a través de la Gerencia de Transportes, remitió cartas notariales comunicando la resolución de los contratos de concesión por incumplimiento de las obligaciones contractuales.
No obstante, según Maldonado López el procedimiento utilizado para ejecutar las cartas fianza presentó vicios administrativos. Sostuvo que la municipalidad debió notificar previamente a las empresas para que subsanen las observaciones antes de ejecutar las garantías. Por eso, dispuso revertir el procedimiento y devolver las garantías cobradas.
En la solicitud, el denunciante sostiene que el funcionario intenta validar una supuesta renovación extemporánea de las cartas fianza que vencieron en enero de 2025 y recién fueron presentadas días después de su caducidad. Entre las acciones solicitadas figuran la petición de la suspensión inmediata de los efectos durante la próxima sesión de concejo.
Dato
Solicitan remitir el caso a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios para que investigue si existió una negociación incompatible y abuso de autoridad.
