La movilidad urbana enfrenta desafíos vinculados a informalidad, congestión y falta de transparencia.
Por: Karola Lara Manchego. Doctora en Comunicación y Desarrollo
Durante los últimos años, los ciudadanos hemos escuchado una explicación recurrente cada vez que aumentaban los pasajes o las tarifas de taxi: el combustible está más caro. Y no era una excusa infundada. La invasión rusa a Ucrania, en febrero de 2022, desencadenó una crisis energética global que elevó el precio internacional del petróleo por encima de los 118 dólares por barril y provocó un fuerte incremento de los combustibles en numerosos países, incluido el Perú.
Ese mismo año, la inflación nacional alcanzó el 8,56 %, la cifra más alta registrada en más de dos décadas. Los precios de los alimentos, el transporte y diversos bienes esenciales se dispararon, afectando directamente el presupuesto de millones de familias. Los transportistas reclamaron, se produjeron paralizaciones y las tarifas aumentaron bajo el argumento de que los costos operativos se habían vuelto insostenibles.
Las crisis geopolíticas han demostrado históricamente su capacidad para alterar los mercados energéticos mundiales. Ocurrió con la invasión de Irak en 2003, volvió a evidenciarse con la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022 y, recientemente, con la escalada de tensiones entre Israel, Irán y Estados Unidos, que generó incertidumbre sobre el suministro global de petróleo y nuevas presiones sobre los precios internacionales. Cada vez que el petróleo sube a causa de conflictos internacionales, los consumidores son llamados a comprender el aumento de los combustibles y, por extensión, de las tarifas de transporte. Sin embargo, cuando las tensiones disminuyen y los precios energéticos retroceden, esa misma rapidez rara vez se observa al trasladar los beneficios al usuario.
Cuatro años después de la crisis de 2022, la realidad plantea una interrogante legítima: si los combustibles ya no se encuentran en los niveles extraordinarios alcanzados durante aquel periodo, ¿por qué muchas tarifas de transporte continúan siendo tan elevadas?
Es cierto que el combustible no es el único costo que enfrenta un transportista. Existen gastos de mantenimiento, repuestos, seguros, depreciación vehicular e inflación acumulada. Nadie discute esa realidad. Lo que sí resulta cuestionable es que, cuando los costos aumentan, las tarifas suben rápidamente; pero cuando los costos disminuyen, el beneficio rara vez llega al usuario.
La situación es particularmente evidente en Arequipa. Basta tomar un taxi para comprobar que un mismo recorrido puede costar montos completamente distintos, dependiendo de la hora, el lugar o incluso del criterio personal del conductor. La llamada “tarifa libre” otorga flexibilidad al mercado, pero también ha generado una creciente sensación de arbitrariedad entre los ciudadanos.
La libre competencia es un principio valioso cuando existe información clara y condiciones equitativas para todos los actores. Pero, cuando predominan la informalidad y la falta de transparencia, el mercado deja de funcionar en beneficio del consumidor y comienza a favorecer prácticas que generan desconfianza.
Otro aspecto que no puede ignorarse es la formalización. Existen miles de conductores que cumplen con sus obligaciones legales, tributan, emiten comprobantes y desarrollan su actividad dentro de los marcos establecidos. Sin embargo, también es evidente que una parte significativa del servicio opera al margen de controles efectivos, generando una competencia desigual frente a quienes sí asumen los costos de la formalidad.
La discusión no debería centrarse únicamente en cuánto cuesta un galón de combustible. El verdadero debate debe orientarse a construir un sistema de transporte urbano moderno, transparente y competitivo. Un sistema en el que los usuarios conozcan criterios razonables para la fijación de tarifas, donde la formalización sea una regla y no una excepción, y donde la competencia premie la calidad del servicio y no la falta de regulación.
Arequipa enfrenta enormes desafíos de movilidad urbana. El crecimiento de la ciudad, la congestión vehicular y la insuficiente integración del transporte público exigen soluciones de largo plazo. Pero cualquier reforma debe comenzar por recuperar la confianza ciudadana.
Si el incremento de los combustibles justificó aumentos tarifarios durante la crisis energética mundial, resulta razonable preguntar si las reducciones posteriores se han reflejado, aunque sea parcialmente, en el bolsillo de los usuarios. No se trata de imponer precios ni de enfrentar a conductores y pasajeros. Se trata de exigir transparencia, coherencia y reglas claras para todos.
Porque, al final, la pregunta sigue vigente y merece una respuesta seria de las autoridades, los gremios y quienes participan en el sector: si la crisis de 2022 quedó atrás, si los precios internacionales del petróleo ya no se encuentran en los máximos históricos de aquellos años y si las condiciones del mercado han cambiado, ¿por qué para muchos arequipeños viajar en taxi sigue costando como si la crisis nunca hubiera terminado?
CITA
“Cuando los costos aumentan, las tarifas suben rápido; cuando disminuyen, el beneficio no llega”.
CIFRA
8,56 % de inflación registró el Perú durante 2022, la cifra más alta en más de dos décadas.
DATO
La guerra entre Rusia y Ucrania provocó un fuerte incremento global en los precios de combustibles.
