Óscar Cáceres involucrado en grave y compleja Investigación
La investigación por una presunta red de corrupción enquistada en la Gerencia de Transportes y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca dio un giro decisivo. El Juzgado de Investigación Preparatoria de Puno, a cargo del magistrado Youl Riveros Salazar, de la Corte Superior de Justicia de Puno, ordenó 36 meses de prisión preventiva para cuatro investigados señalados como integrantes de la organización criminal denominada «Los Burros de la Corrupción».
La medida alcanza a Hardy Meyer Quispe Lipa, gerente de Transportes y Seguridad Vial; Edwerson William Pacori Paricahua, exsubgerente de Circulación, Seguridad Vial e Inspección; Alberth Dany Aguirre Carbajal, exjefe del Departamento de Fiscalización; y Yony Apaza Justo, subgerente de Regulación de Transporte de Vehículos Menores.
La decisión fue adoptada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Puno a pedido del fiscal provincial Arturo Saúl Zirena Asencio, del Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que investiga a los implicados por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho pasivo propio y omisión o demora de actos funcionales.
Durante la lectura de la resolución judicial, el magistrado Youl Riveros estableció que existen elementos de convicción que vinculan a los imputados con los hechos investigados, más aún en el caso de los cuatro investigados con prisión preventiva, sobre quienes se alzaría una sospecha grave, conforme a los presupuestos previstos para la imposición de dicha medida coercitiva.
Estructura de la organización
Según la hipótesis fiscal, la presunta organización criminal operó -a partir del 2024 hasta su desarticulación en 2026- desde la Gerencia de Transportes de la Municipalidad Provincial de San Román y estaba integrada por funcionarios, servidores públicos y particulares que cumplían funciones específicas.
La investigación sostiene que los involucrados solicitaban pagos de entre 500 y 5 mil soles a conductores intervenidos por infracciones graves para evitar que las papeletas fueran registradas en el Sistema Nacional de Sanciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, anular multas ya impuestas o liberar vehículos retenidos sin cumplir el procedimiento legal.
Las pesquisas también establecen que la presunta red actuaba de manera permanente y coordinada, aprovechando los cargos que ocupaban dentro de la municipalidad.
Óscar Cáceres salvado
Aunque la investigación también comprende al alcalde provincial Óscar Cáceres Rodríguez, el Poder Judicial dispuso para él comparecencia con restricciones.
La misma medida fue dictada por el órgano jurisdiccional contra los investigados Ever Lucio Portada Mamani, Alex Carlos Álvarez Condori (abogado particular), Victoria Pamela Onofre Meza (exsecretaria de la Gerencia de Transportes) y Jhordan Henry Tintaya Luchini (trabajador de seguridad), quienes deberán cumplir reglas de conducta durante el desarrollo del proceso.
Entre las medidas impuestas a los involucrados -incluido el alcalde de Juliaca- que quedaron en condición de libertad se encuentran la prohibición de ausentarse de su lugar de residencia sin autorización judicial, el control biométrico, la prohibición de comunicarse con peritos y testigos vinculados a la investigación.
Asimismo, el juez Youl Riveros, fijó diversas cauciones económicas: cinco mil soles para Alex Álvarez; tres mil soles para Victoria Onofre y Jhordan Tintaya; y, finalmente, diez mil soles para Óscar Cáceres Rodríguez.
Extensa investigación
Las diligencias fiscales permitieron identificar 480 expedientes administrativos con presuntas irregularidades en el trámite de papeletas de tránsito. Como consecuencia, aproximadamente 480 chóferes también son investigados por el presunto delito de cohecho activo genérico, al considerar que habrían entregado dinero para obtener beneficios indebidos.
En total, la investigación comprende actualmente a cerca de 490 personas, cifra que podría incrementarse conforme avancen las diligencias y se incorporen nuevos elementos de convicción.
Dato
La prisión preventiva de 36 meses constituye una de las medidas coercitivas más extensas previstas en el proceso penal peruano. Suele aplicarse en investigaciones complejas, como las relacionadas con organizaciones criminales.
