Los pobladores de los distritos de Umachiri, Llalli, Cupi y Ayaviri, en la provincia de Melgar, iniciaron una contundente jornada de lucha. La medida responde a la sistemática contaminación minera que destruye la cuenca del río Llallimayo y a la persistente inacción del Gobierno Central para atender las demandas de salud pública de las comunidades locales.
Puno nuevamente se encuentra en pie de lucha y esta vez por la contaminación de la cuenca Llallimayo. Centenares de manifestantes organizados en piquetes lograron bloquear de forma total la carretera interregional que conecta a Puno con la región Cusco.
Los puntos estratégicos de control civil se establecieron con firmeza en sectores clave como Cahuasiri (salida de Cusco a Ayaviri), Vilapata (salida a Juliaca), Ccacachupa, Pomachiri, Colquepata y Orurillo. Debido a estas acciones colectivas, decenas de vehículos quedaron varados.
Agua ácida y niños con arsénico
Los fundamentos técnicos de este paro de 48 horas, revelan un escenario de catástrofe ambiental y de abandono médico. El expresidente del Frente de Defensa de la Cuenca Llallimayo, Hernán Nina Zamata, informó que el monitoreo de emergencia realizado el pasado 15 de mayo junto a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) arrojó resultados alarmantes.
El potencial de hidrógeno (pH) de las aguas disminuye drásticamente cada año debido al vertido de efluentes mineros. Específicamente en la zona de Yalí, el pH descendió hasta un nivel de 5, una cifra ácida que destruye los ecosistemas fluviales y pone en riesgo crítico la actividad agrícola y ganadera de la zona.
Ante esta alarmante realidad, la plataforma de lucha se ha concentrado en cuatro requerimientos. En primer lugar, exigen la instalación inmediata de una planta de tratamiento de aguas ácidas y la viabilización del expediente técnico de agua potable para el distrito de Ayaviri.
Asimismo, reclaman un programa especializado de salud con presupuesto asignado para atender a los niños, en cuyos organismos se ha detectado la presencia de metales pesados como el arsénico. Finalmente, exigen que la ANA implemente un sistema de monitoreo ambiental con participación activa de la sociedad civil.
Puertas cerradas
Una delegación de alcaldes provinciales y dirigentes puneños viajó a la ciudad de Lima con el objetivo de hallar soluciones políticas. Los representantes buscan respuestas sobre la transferencia estancada de S/ 61 millones destinados a las tareas de remediación ambiental de la cuenca.
De igual forma, los huelguistas cuestionan la lentitud del Ejecutivo para iniciar las obras de cierre de minas, toda vez que existen fondos económicos incautados a la empresa minera responsable que deberían ser liberados de inmediato. No obstante, el equipo técnico denunció públicamente que, hasta el cierre de esta edición, los delegados no han sido recibidos por los altos funcionarios del Ministerio de Energía y Minas.
Esta crisis local promete escalar a un escenario de protesta regional de proporciones mayores en los próximos días. El presidente de la Plataforma Regional Ambiental de Afectados por Contaminación de Puno, Pedro Callohuanca, anunció la unificación histórica de seis cuencas afectadas por la actividad minera en la región, incluyendo Llallimayo, Suches, Ramis e Hatun Ayllu.
Callohuanca convocará a una asamblea general conjunta para articular medidas de fuerza contundentes a nivel regional ante el abandono del Estado peruano.
Antecedentes
Para entender la magnitud de este paro preventivo y la indignación de la población de Melgar, es necesario volver al inico. El principal foco de conflicto se remonta a las operaciones de la empresa minera Aruntani S.A.C. (a través de su unidad Arasi), ubicada en las cabeceras de la cuenca de Llallimayo. Desde mediados de la década pasada, los comuneros de Ayaviri, Cupi, Llalli y Umachiri denunciaron que la actividad de esta mina de oro estaba destruyendo sus fuentes de agua.
El punto de quiebre ocurrió a inicios de 2018. En enero de ese año, cientos de peces aparecieron muertos en las orillas del río Llallimayo y el agua de la cabecera (río Hatun Ayllu) tomó una coloración rojiza y amarillenta. Ante la presión social y las evidencias de contaminación, el Estado dispuso el cese de operaciones y el inicio del plan de cierre y desmantelamiento de la Unidad Minera Arasi. En febrero de 2020, comitivas del Ministerio del Ambiente (MINAM), OEFA y dirigentes locales supervisaron el desmantelamiento de la planta de cianuro y los botaderos.
Falsas promesas
Entre 2019 y 2024, el Gobierno instaló múltiples mesas de diálogo y de trabajo lideradas por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el MINAM. Se declararon estados de emergencia ambiental en varias ocasiones y se prometieron planes de acción que incluían: Financiamiento para proyectos de remediación de suelos, instalación de plantas de tratamiento de aguas ácidas para limpiar el cauce del río y proyectos de agua potable para Ayaviri y distritos afectados.
Lamentablemente, la burocracia estatal retrasó crónicamente la ejecución de estos planes. En agosto de 2024, el Gobierno volvió a anunciar una «declaratoria de emergencia ambiental» y prometió viabilizar la planta de tratamiento. Sin embargo; tras varios años de espera , hoy los distritos de Melgar entran a su segundo día de protesta con una advertencia contundente: si las autoridades nacionales no llegan con soluciones concretas antes de que expiren las 48 horas, Puno se encaminará hacia una huelga indefinida.
Cifra:
61 millones de soles prometidos para la remediación siguen trabados en el Ministerio de Energía y Minas.
Cita:
«Todos somos dirigentes aquí, no tenemos líderes que se hayan vendido al poder», manifestaron los comuneros en los piquetes, advirtiendo que de no ser escuchados iniciarán una huelga indefinida.
Dato:
Los niños de la zona muestran formalmente en sus análisis médicos la presencia de arsénico en el organismo sin recibir ningún tratamiento especializado, según evaluaciones realizadas por el propio Ministerio de Salud a través de la Dirección Regional de Salud de Puno.
