Cientos de pobladores de la comunidad campesina de Untuca, en la provincia de Sandia, protestaron frente a la sede del Ministerio Público en Puno para exigir una investigación contra el fiscal Aníbal Surco Corimanya. Los comuneros denuncian presuntas irregularidades, uso de documentos falsos y una supuesta parcialización en un proceso relacionado con terrenos comunales.
La tensión por un conflicto de tierras en la provincia de Sandia llegó hasta la ciudad de Puno. Cientos de ciudadanos de la comunidad campesina de Untuca realizaron una masiva protesta en exteriores del Ministerio Público, en el barrio Laykakota, donde acusaron al fiscal provincial de Sandia, Aníbal Surco Corimanya, de actuar presuntamente a favor de intereses vinculados a la minería ilegal.
Los manifestantes arribaron a la capital puneña tras una marcha de sacrificio y permanecieron durante varias horas frente a la sede fiscal exigiendo una investigación objetiva sobre el caso que involucra al predio denominado “Ochoncori”, un terreno de más de 805 hectáreas cuya propiedad es disputada desde hace varios años.
Con arengas, pancartas, gigantografías y documentos registrales en mano, los comuneros denunciaron que la Fiscalía estaría ignorando pruebas oficiales que acreditarían la propiedad comunal del terreno, mientras que sí habría otorgado validez a documentos que, según sostienen, serían falsificados.
El origen del conflicto
La controversia se inició luego de que un particular identificado como Concepción Mamani Condori denunciara a integrantes de la comunidad de Untuca por una presunta usurpación de terrenos. Según los comuneros, el denunciante asegura ser poseedor de un predio al que denomina “Huechoncoroni Magua”, nombre que —afirman— no coincide con la inscripción oficial del terreno registrado como “Ochoncori”.
La comunidad sostiene que dicho predio se encuentra inscrito en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) a favor de la Comunidad Campesina de Untuca, situación que, aseguran, no habría sido valorada durante la investigación fiscal.
Durante la protesta, los dirigentes mostraron documentación registral donde figura la inscripción del predio rural Ochoncori con una extensión superior a las 805 hectáreas, argumentando que esa información tendría mayor peso legal que las constancias de posesión presentadas por el denunciante.
Documentos cuestionados
Uno de los principales cuestionamientos de los comuneros está relacionado con una constancia de posesión supuestamente emitida el 14 de febrero de 2005 por la Agencia Agraria de Sandia a favor de Concepción Mamani Condori.
Según explicó Ronald Ferreros, defensa legal de la comunidad, dicho documento fue firmado por un funcionario que recién habría asumido funciones el 28 de febrero de ese mismo año.
Los comuneros también exhibieron un oficio emitido recientemente por la Dirección Regional Agraria de Puno, donde se concluye que la constancia cuestionada “no se encontró y no existe” en los archivos oficiales de la institución.
Además, señalaron que otras constancias presentadas en el proceso tendrían textos similares y carecerían de información básica que permita acreditar una posesión legítima, como ubicación exacta, delimitación del terreno o identificación clara de ocupantes. Frente a ello, los dirigentes sostienen que existen indicios de un presunto fraude documental que es denunciado ante las autoridades correspondientes.
Acusaciones
El abogado de la comunidad campesina de Untuca, Ronald Ferreros Calizaya, aseguró que el fiscal Aníbal Surco Corimanya habría mostrado una conducta parcializada durante el desarrollo de la investigación.
Según indicó, el magistrado habría desestimado pruebas presentadas por la comunidad y emitido expresiones que demostrarían un adelanto de opinión contra los comuneros investigados.
Asimismo, cuestionó que el Ministerio Público no haya tomado en consideración la documentación registral presentada por la comunidad y, en cambio, haya respaldado diligencias sustentadas en documentos observados por presuntas irregularidades.
La defensa también denunció que las solicitudes de apartamiento y las quejas funcionales interpuestas contra el fiscal fueron rechazadas por instancias superiores, lo que incrementó el malestar de la población.
Diligencia polémica
Otro de los hechos que provocó indignación entre los comuneros ocurrió durante una diligencia fiscal realizada el pasado 12 de enero de 2026 en el predio en disputa.
Según la denuncia presentada por la comunidad, durante la inspección el fiscal habría impedido que los pobladores grabaran el procedimiento. Sin embargo, algunos asistentes lograron captar imágenes donde —afirman— se observa al magistrado y a un efectivo policial arrojando un motor eléctrico hacia un barranco.
Para la defensa legal, este hecho resulta grave debido a que dicho equipo habría sido mencionado posteriormente dentro de una investigación relacionada con el presunto hallazgo de material explosivo.
El abogado Ronald Ferreros sostuvo que el motor debió ser preservado bajo cadena de custodia y no destruido o retirado del lugar de esa manera, ya que podría constituir un elemento importante dentro del proceso.
Durante la movilización, los comuneros exigieron la intervención de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y advirtieron que, de no obtener una respuesta favorable, acudirán ante la Junta Nacional de Justicia.
Dato
La comunidad campesina de Untuca sostiene que el predio Ochoncori figura inscrito formalmente en SUNARP, mientras que las constancias utilizadas en la investigación fiscal son cuestionadas por presunta falsificación documental y falta de registro oficial.
