El Poder Judicial ordenó prisión preventiva contra seis investigados por irregularidades en la Gerencia de Transportes de la Municipalidad Provincial de Puno. La medida fue considerada razonable por el juzgado ante la gravedad de los hechos y el riesgo procesal. En próximas audiencias de prisión preventiva será incluido el alcalde de Puno Javier Ponce Roque.
El juez Youl Riveros Salazar, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Puno, ordenó 36 meses de prisión preventiva contra seis investigados por el caso “Los Mandachitos de la Corrupción”. La decisión fue tomada durante la audiencia realizada el 4 de mayo, tras evaluar el requerimiento presentado por la Fiscalía Anticorrupción. El magistrado consideró que existen elementos suficientes para dictar la medida.
Durante la audiencia, el juez declaró fundado el pedido del Ministerio Público. Asimismo, señaló que el plazo solicitado era razonable en función de la complejidad del caso. En ese sentido, dispuso que la medida se ejecute desde el momento de la detención de los implicados.
Estaban con detención preliminar
Los investigados alcanzados por la decisión son 6 de 15 investigados: Willy Wilson Cáceres Pauro, Franz Henry Quispe Ticona, Jesús Virgilio Maquera Arrazola, Mario Flores Condemayta, José Rolando Vilca Rivas y Lourdes Zellydeth Pacco Yupanqui. Todos fueron detenidos el pasado 23 de abril tras un operativo de la Fiscalía y la Policía Anticorrupción. Todos son investigados por presuntos delitos de corrupción vinculados a la Gerencia de Transportes de la Municipalidad Provincial de Puno. La Fiscalía sostiene que formarían parte de una red que operaba dentro de la entidad.
El magistrado también precisó durante la audiencia que “lo más probable es que la pena a imponer sea superior a los 5 años conforme a todo lo expuesto”. Esta valoración fue determinante para sustentar la necesidad de la prisión preventiva. Por su parte, la defensa de los investigados anunció que presentará recursos de apelación en los próximos días.
El caso aún continúa en etapa de investigación e involucra a más personas. La jueza titular, María Candelaria Morales Seguro, tendrá a su cargo las próximas audiencias para otros implicados, entre ellos el alcalde de Puno, Javier Ponce Roque, que corre el riesgo de enfrentar la misma decisión.
Perjuicio económico para el Municipio
Este caso, que hoy pone a Puno en el ojo de la tormenta, reveló que en solo cinco meses, un esquema de inspectores fantasmas afectó seriamente las arcas de la Municipalidad Provincial de Puno. La manipulación de expedientes permitió reducir multas graves a montos mínimos. Esta práctica generó una pérdida superior a S/ 60 mil en ingresos municipales.
La Fiscalía de Prevención del Delito detectó un patrón sistemático entre mayo y septiembre de 2025. Se identificaron expedientes adulterados con firmas de inspectores inexistentes en registros oficiales.
El esquema operaba reemplazando papeletas por infracciones graves a faltas menores. Multas que podían alcanzar los S/ 5 mil 350 eran reducidas a pagos de apenas S/ 72.80 o S/ 141.30.
Uno de los casos más graves involucra al conductor Flavio Melitón Mamani Tito. Fue intervenido con 1.93 g/l de alcohol en sangre, casi cuatro veces el límite permitido. A pesar de ello, pagó solo S/ 91 en lugar de S/ 8 mil 667, generando una defraudación de S/ 8 mil 576.
Entre los nombres utilizados figuran «Javier Álvarez Contreras», «Carlos Pari Alco» y «Justo Ali Flores». Todos ellos no existen en registros de RENIEC, pero aparecen firmando documentos oficiales. Estas rúbricas permitieron validar actas irregulares en múltiples expedientes.
Además, se detectaron inconsistencias en oficios atribuidos al suboficial PNP José Rolando Vilca Rivas, alias «Topo». Algunas papeletas presentan horarios imposibles, emitidas incluso antes de la intervención policial. También se evidenció la omisión de nombres de conductores para dificultar el seguimiento de sanciones. La Fiscalía remitió los Oficios N°688-2025 y N°707-2025 a la instancia especializada en corrupción de funcionarios. En total, se documentaron 24 casos con un patrón repetido.
Buscan corregir sanciones mal aplicadas
Por su parte, la Gerencia de Transportes de la Municipalidad Provincial de Puno anunció acciones administrativas tras el operativo fiscal. La medida se adopta mientras continúan las investigaciones por presuntas irregularidades. El objetivo es revisar los procesos cuestionados.
Se informó que al menos 197 expedientes serán evaluados caso por caso. Estos están vinculados a sanciones de tránsito observadas. Al respecto, el gerente Elard Castillo Terrazas señaló que su despacho colabora con la Fiscalía. Indicó que ya se ha entregado documentación solicitada. También aseguró coordinación con la Policía Nacional.
La gerencia aplicará medidas paralelas a la investigación fiscal. Se analizarán sanciones de tipo M1, M2 y M3. Se verificará si fueron impuestas correctamente. Castillo precisó que se emitirán resoluciones si corresponde. Señaló que aún es posible sancionar dentro del plazo legal. Además, indicó que se priorizará el trabajo interno con más personal.
DATO
Las multas por infracciones graves son ingresos municipales, según el Reglamento Nacional de Tránsito (D.S. N.° 016-2009-MTC), por lo que cada liberación irregular afecta directamente sus recursos.
CIFRA
S/ 60 mil de perjuicio económico generaron los inspectores fantasma en solo 5 meses.
DATO
El caso se habría fortalecido tras la colaboración de algunos implicados, lo que permitió a las autoridades ampliar la investigación.
