Este caso reabre además la discusión sobre los criterios de distribución del canon minero. Actualmente, los recursos se asignan privilegiando a las zonas de influencia directa de las empresas extractivas.
Por Jorge Turpo Rivas. Periodista
En el distrito de San Antonio, en la región Moquegua, se construye un parque temático inspirado en Dragon Ball Z. La obra, denominada “Z Park”, tendrá 30 esculturas de personajes del popular anime japonés y demandará una inversión de 26 millones 582 mil soles, financiada íntegramente con recursos municipales.
La gestión del alcalde de San Antonio, Santos Villegas Mamani, recibió en 2025 alrededor de 237 millones de soles de canon minero. Esa cifra, que para la mayoría de distritos del país es inalcanzable, contrasta con las carencias que aún persisten no solo en Moquegua, sino también en regiones vecinas que no cuentan con estos recursos. Mientras algunos municipios enfrentan dificultades para financiar agua potable, saneamiento básico o infraestructura educativa, otros destinan millones a proyectos cuya prioridad resulta discutible.
El problema de fondo no es el gusto por una serie animada ni la posibilidad de promover turismo. El cuestionamiento radica en la jerarquización del gasto. ¿Debe un distrito invertir S/ 26 millones en esculturas y atracciones temáticas cuando existen necesidades urgentes en servicios básicos? ¿Es coherente hablar de desarrollo cuando las brechas sociales siguen abiertas?
Este caso reabre además la discusión sobre los criterios de distribución del canon minero. Actualmente, los recursos se asignan privilegiando a las zonas de influencia directa de las empresas extractivas.
El resultado es una marcada desigualdad territorial: distritos con presupuestos millonarios frente a otros que apenas sobreviven con transferencias mínimas. En Arequipa, por ejemplo, mientras Yarabamba recibe más de S/ 200 millones, provincias como La Unión —una de las más pobres— reciben montos ínfimos que no alcanzan ni para cubrir sus necesidades básicas.
No es la primera vez que ocurre algo similar. En distintas regiones del país se han construido parques temáticos o proyectos ornamentales en contextos donde aún faltan servicios esenciales. La historia se repite: cuando el dinero abunda, la planificación escasea.
A ello se suma otro debate relevante: la identidad cultural. Moquegua posee un patrimonio histórico excepcional, con vestigios de culturas como Tiahuanaco, Wari e Inca, además de desarrollos regionales como Chiribaya y Estuquiña. Sin embargo, la apuesta municipal opta por recrear un imaginario extranjero antes que poner en valor ese legado propio. La pregunta es inevitable: ¿qué mensaje transmite una gestión pública que invierte millones en ficción importada mientras su patrimonio histórico espera conservación y promoción?
El parque podría atraer visitantes. Podría generar algún movimiento económico. Pero el desarrollo no se mide solo por la cantidad de selfies frente a esculturas gigantes. Se mide por la reducción de brechas, por la mejora en la calidad de vida y por decisiones que prioricen lo urgente sobre lo accesorio.
El caso del “Z Park” no es solo una polémica local. Es el reflejo de un modelo de distribución de recursos que necesita revisión. El canon minero fue concebido para compensar impactos y promover desarrollo sostenible. Cuando termina financiando proyectos cuestionables mientras otras zonas carecen de lo básico, es momento de replantear prioridades.
Porque más allá de la fantasía animada, la realidad —esa que no admite efectos especiales— sigue esperando respuestas.
