Uno de cada cinco candidatos de Alianza para el Progreso registra sentencias judiciales firmes. La cifra expone contradicciones entre el discurso del partido y los antecedentes de quienes buscan representación nacional.
Alianza para el Progreso, el partido de César Acuña, enfrenta cuestionamientos tras conocerse que 53 de sus candidatos arrastran sentencias penales. Se trata del 20 % de su nómina nacional, distribuida entre aspirantes a la Cámara de Diputados, el Senado y el Parlamento Andino.
Las condenas abarcan delitos graves y diversos. Corrupción de funcionarios, homicidio culposo, lesiones graves, violencia familiar y omisión de asistencia alimentaria figuran entre los antecedentes detectados. Los casos no son aislados y atraviesan distintas regiones del país.
Uno de los nombres más sensibles es el de Yonel Condezo Valderrama, candidato por Lima, con una sentencia por homicidio culposo. A ello se suman procesos por alimentos y violencia familiar. En Ayacucho, la candidatura de Guisela Ayvar Gutiérrez generó rechazo tras conocerse su condena por lesiones graves contra una adulta mayor, pese a haber sido rehabilitada recientemente.
También hay postulantes vinculados a falsedad documental y presuntas prácticas corruptas. Edgar León Ordóñez fue inhabilitado varias veces por presentar documentos falsos ante el Estado. Además, es señalado como presunto operador de cobros irregulares, hechos aún bajo investigación.
En paralelo, congresistas en funciones como Magaly Ruíz y Rocío Torres buscan la reelección mientras enfrentan investigaciones por el caso ‘mochasueldos’.
A la lista se suman figuras de alto perfil como Juan José Santiváñez, con múltiples investigaciones fiscales y deudas coactivas. Y Alejandro Soto, con sentencias por difamación y cuestionamientos por presuntas faltas a la neutralidad electoral.
La ley permite estas candidaturas tras la rehabilitación judicial, dejando el juicio final en manos del electorado.
CIFRA
3 años de prisión suspendida tiene Luis Orihuela Lazo, candidato por Junín.
