Usted decide: Cartilla del atajo

Por Sarko Medina Hinojosa. Periodista

El viernes 28 de agosto, el gobierno de Keiko Fujimori envió al Congreso su pedido oficial de facultades legislativas: 120 días para legislar por decreto en seguridad, economía y reforma del Estado, con 66 pedidos distintos aprobados por el Consejo de Ministros apenas un día antes.

¿Qué son exactamente las facultades legislativas? La Constitución permite que el Congreso delegue temporalmente su función de hacer leyes al Poder Ejecutivo, sobre materias específicas y por un plazo determinado. Durante ese tiempo, el presidente legisla mediante decretos, sin pasar por el debate ordinario del Pleno. Es un atajo constitucional, pensado para reformas técnicas que la maquinaria lenta del Parlamento no resolvería a tiempo.

El pedido se concentra en tres bloques. Primero, seguridad ciudadana y sistema penitenciario, donde el propio texto reconoce más de 27 mil denuncias por extorsión en 2025 y una población carcelaria de 103,757 personas en cárceles con capacidad para 41,764. Segundo, economía e informalidad laboral. Tercero, reforma y modernización del Estado. La presidenta insiste en que ningún derecho laboral será recortado.

Aquí entra lo nuevo: por primera vez, este trámite pasa por dos cámaras. El pedido debe aprobarse primero en Diputados y luego en el Senado, cuya Comisión de Constitución tiene hasta 90 días hábiles para dictaminar. Y una vez que el Ejecutivo empiece a emitir decretos, el reglamento del Senado habilita un control posterior: la cámara puede verificar que las normas no contradigan la Constitución ni regulen materias fuera de lo delegado, y modificarlas o derogarlas si el gobierno se excede. En teoría, hay candado. En la práctica, nadie lo ha probado todavía.

¿Y el peligro? No es que el mecanismo sea ilegítimo: el artículo 104 de la Constitución lo permite, y el propio texto excluye expresamente reforma constitucional, tratados, leyes orgánicas y presupuesto. El riesgo real es otro: los decretos entran en vigencia sin pasar por dictamen de comisión ni debate en el Pleno, y el control del Senado llega después, cuando la norma ya rige. El capítulo de empleo juvenil, que plantea cambios en la contratación y los beneficios de los jóvenes trabajadores bajo el argumento de combatir la informalidad, ya reavivó comparaciones con la Ley Pulpín de 2014, aquella norma que generó protestas masivas y terminó derogada semanas después. Además, delegaciones anteriores en el Perú solían pedirse por 90 días; esta pide 120.

Nada de esto significa que el pedido sea, de entrada, un abuso. Significa que su verdadero examen no ocurre en el titular de hoy, sino en los decretos concretos que salgan durante esos 120 días, y en si alguien realmente los lee antes de que empiecen a regir. Está vez, los parlamentarios decidirán.

CITA

“Es un atajo constitucional, pensado para reformas técnicas que la maquinaria lenta del Parlamento no resolvería”.

DATO

En 2025 se registraron más de 27 mil denuncias por extorsión y las cárceles albergan 103,757 personas.