Las futuras exhumaciones permitirán confirmar la identidad de las víctimas mediante análisis forenses.
Durante 33 años, las familias de Paco Pacuni convivieron con una herida abierta. Sabían dónde habían caído sus familiares, recordaban el miedo de aquella mañana y señalaban los lugares donde, según la memoria colectiva, permanecían enterrados. Sin embargo, nunca hubo una investigación que permitiera recuperar los cuerpos ni confirmar oficialmente quiénes eran las víctimas.
Ese proceso comenzó a cambiar esta semana. La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo de Puno llegó hasta este remoto centro poblado del distrito de Limbani, en la provincia de Sandia, para ejecutar nuevas diligencias dentro de la investigación humanitaria denominada Paco Pacuni II, relacionada con los hechos ocurridos el 9 de junio de 1992, en pleno conflicto armado interno.
El equipo fiscal, encabezado por el fiscal provincial Víctor Daniel Castillo Revilla, recorrió durante varios días la zona, acompañado por peritos forenses, familiares y pobladores que aún conservan el recuerdo de lo ocurrido. Gracias a esa labor, fueron identificados tres posibles sitios de entierro donde habrían sido sepultadas víctimas civiles del enfrentamiento entre efectivos del Ejército Peruano e integrantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
La historia de Paco Pacuni forma parte de uno de los episodios menos conocidos del conflicto armado interno en la selva puneña.
La mañana del 9 de junio de 1992, la comunidad quedó en medio de un enfrentamiento entre militares y miembros del MRTA. De acuerdo con los testimonios recopilados por la Fiscalía y con los registros de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), varios pobladores que no participaban en las acciones armadas murieron durante la operación.
Entre las víctimas identificadas preliminarmente aparece Alejandrina Ramos Soncco, de apenas 18 años. Según los relatos recogidos por los investigadores, intentó proteger a su hija de ocho meses escondiéndose bajo una cama cuando comenzaron los disparos. Ambas fueron alcanzadas por proyectiles; la madre falleció y la bebé sobrevivió con graves heridas en la cabeza y las piernas.
También fueron identificados Marcelina Soncco Ramos, de 16 años, quien recibió impactos de bala al salir de su vivienda; Pedro Apaza Maldonado, de 18 años, alcanzado por la explosión de una granada cuando regresaba de asearse; y Víctor Ruiz T., de 26 años, quien murió mientras permanecía escondido debajo de una cama.
Los testimonios indican que, tras el enfrentamiento, los cuerpos fueron enterrados de manera improvisada, sin registros oficiales ni investigaciones posteriores.
La reciente diligencia fiscal no solo consistió en recorrer el terreno. Los especialistas recogieron declaraciones de familiares y testigos sobrevivientes, reconstruyeron la ubicación de las viviendas existentes en 1992 y elaboraron fichas antropológicas de las víctimas para facilitar su futura identificación.
Con esa información, fue posible ubicar tres lugares donde existirían restos humanos. El siguiente paso será la exhumación, seguida de análisis antropológicos, odontológicos y pruebas genéticas que permitan confirmar científicamente la identidad de las víctimas antes de entregar los restos a sus familiares.
El caso de Paco Pacuni fue documentado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que registró que el enfrentamiento dejó víctimas civiles, heridos y personas desaparecidas, además de viviendas destruidas y comuneros detenidos.
La intervención realizada ahora forma parte de las investigaciones humanitarias que desarrolla el Ministerio Público para localizar a personas desaparecidas durante el periodo de violencia comprendido entre 1980 y 2000, una etapa que dejó miles de víctimas en distintas regiones del país.
A diferencia de un proceso penal, estas investigaciones tienen un objetivo principalmente humanitario: recuperar e identificar los restos para devolverlos a sus familias y garantizar el derecho a la verdad.
La Fiscalía anunció que continuará con el procesamiento de toda la información recopilada para programar las excavaciones forenses en los próximos meses.
Solo después de las exhumaciones y los análisis especializados podrá determinarse con certeza cuántas personas permanecen enterradas en Paco Pacuni y confirmar oficialmente sus identidades.
Según el Registro Único de Víctimas y la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la región Puno también sufrió los efectos del conflicto armado interno entre 1980 y 2000. En provincias como Sandia y Carabaya aún existen casos de personas desaparecidas cuyos restos continúan siendo buscados por las autoridades y sus familiares.
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