Transportistas amenazan con un paro seco en medio de la disputa con la Municipalidad Provincial de Arequipa.
La disputa entre la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) y los concesionarios del Sistema Integrado de Transportes (SIT) continúa. Esta vez, los transportistas advirtieron que subirán unilateralmente la tarifa de S/ 1.30 a S/ 1.50 antes de terminar el año. También amenazaron con acatar un paro seco si consideran que seguir operando en sus rutas les genera pérdidas.
La advertencia fue lanzada este jueves 19 de noviembre por Patricia Velásquez, presidenta de la Asociación Frente de Transportistas Formales de Arequipa (Actuar). Esta sostuvo que el gremio ya acordó reajustar el pasaje. El incremento podría aplicarse en cualquier momento, incluso si no llegan a negociar con la comuna en calidad de concedente.
La decisión se justifica en el incremento del precio de los combustibles y otros costos de operación de las unidades. Velásquez aseguró que el combustible subió hasta en 100 % y que actualmente el pasaje no permite cubrir los gastos de mantenimiento ni los pagos a los conductores. «Ya no se puede exigir a los transportistas que salgan a perder», manifest.
Además, recordó que en julio de 2022 se presentó un estudio técnico que establecía una tarifa de S/ 1.32, cuando el combustible costaba entre S/ 12 y S/ 13. Por ello, consideró que mantener el pasaje en S/ 1.30 resulta insostenible bajo las actuales condiciones económicas. También señaló que los operadores del SIT no reciben subsidios estatales y deben financiar el servicio con los ingresos que pagan los usuarios.
En esa línea, algunas unidades dejarán de circular progresivamente cuando sus propietarios consideren que trabajar en el actual sistema ya no es rentable. Actualmente, la dirigente estima que el 10 % de los vehículos ya estaría fuera de operación. Esta reducción de unidades obliga a incrementar la frecuencia de los buses que continúen operando.
La municipalidad tampoco ha cumplido los compromisos asumidos en los contratos de concesión. Y es que en 2019 se firmó un acta de cierre de trato directo que establecía noviembre de 2022 como plazo para ingresar a la etapa de preoperativa del SIT. Sin embargo, hasta la fecha el sistema no avanza hacia la fase operativa que sí les permite modificar las tarifas.
La posición de la alcaldesa provincial Ruccy Oscco es contraria. La autoridad se ratificó en que el pasaje urbano debe mantenerse y rechazó cualquier reajuste. Argumentó que el precio de los combustibles viene disminuyendo y que las condiciones actuales del servicio tampoco justifican un nuevo incremento. Incluso, emplazó a los transportistas a retirar sus unidades si no les resulta rentable trabajar con esa tarifa.
La burgomaestre también anunció operativos conjuntos con Serenazgo, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público para controlar los cobros indebidos. Principalmente durante las noches, cuando se registran mayores abusos en puntos como el puente Grau y la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres. Aseguró que participará personalmente en estas intervenciones y pidió a los usuarios no pagar más de S/ 1.00.
Legalmente, cualquier modificación por cuenta propia es ilegal. El abogado Jorge Sumari, especialista en derecho municipal, explicó que los contratos de concesión deben respetarse y que los transportistas no tienen facultad para modificar unilateralmente la tarifa. Cualquier cambio debe seguir el procedimiento establecido en los acuerdos contractuales y contar con la aprobación correspondiente. De lo contrario, la MPA podría iniciar acciones por incumplimiento e incluso evaluar la resolución de los contratos de concesión y convocar nuevos procesos de licitación.
Por su parte, la regidora Rocío Mango Chipana sostuvo que los transportistas no pueden modificar unilateralmente la tarifa. Pero responsabilizó tanto a las concesionarias como a la municipalidad por la situación actual. Recordó que presentó una denuncia penal por presuntas irregularidades en el incremento anterior del pasaje, aprobado durante la gestión del exalcalde Víctor Hugo Rivera. La Fiscalía Anticorrupción inició una investigación preliminar por estos hechos.
La concejal también advirtió que la Defensoría del Pueblo observó la falta de acciones para erradicar el transporte informal, la insuficiente fiscalización, los riesgos de inseguridad y violencia vinculados a esta actividad. Además de deficiencias en infraestructura y señalización vial. En esa línea, consideró que el incumplimiento de las obligaciones del concedente también contribuyó al deterioro de las relaciones con las concesionarias.
Del mismo modo, la regidora Mayra Sumari Laura consideró poco probable que la actual gestión municipal y los transportistas alcancen un acuerdo. Interpretó el anuncio de una posible paralización como una estrategia de presión dirigida a la próxima administración de Manuel Vera Paredes. Los operadores estarían buscando que el nuevo alcalde inicie su gestión con el conflicto del transporte como uno de sus primeros problemas por resolver.
Sumari también cuestionó que los transportistas pretendan elevar el pasaje cuando la municipalidad estableció una tarifa de S/ 1.00 para seis concesionarias y S/ 1.30 para otras cuatro. Consideró que los cobros que actualmente realizan algunas unidades constituyen cobros indebidos mientras no exista una modificación válida de las condiciones tarifarias. Mientras tanto, los usuarios quedan en medio de una disputa que podría agravarse antes de finalizar el año.
DATO
Víctor Hugo Rivera abrió la puerta para que los transportistas del SIT negocien un reajuste de la tarifa del pasaje en la etapa preoperativa.
DATO
La municipalidad de Arequipa también incumplió obligaciones contractuales con respecto a infraestructura vial.
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