Denunciada por ejercer las funciones del gobernador ante la ausencia de Torres.
La disputa por el control del Gobierno Regional de Tacna se agravó entre la noche del jueves 22 y la madrugada del viernes 23 de octubre, cuando la vicegobernadora Liliana del Carmen Velazco Cornejo fue intervenida por la Policía Nacional tras una denuncia por presunta usurpación de funciones. La acusación fue presentada por César Málaga Aldana, asesor del gobernador Luis Torres Robledo, luego de que Velazco intentara asumir temporalmente la Gobernación mientras el titular permanecía detenido por el atropello de un niño de seis años.
La autoridad fue trasladada a la Comisaría Central de Tacna para las diligencias. Sin embargo, durante la madrugada recuperó su libertad y quedó en calidad de citada para continuar con las investigaciones.
El conflicto comenzó cuando Velazco acudió a la sede del Gobierno regional para ejercer las funciones del gobernador ante la ausencia de Torres. Según denunció, no le permitieron ingresar al despacho ni acceder a los sellos oficiales, la numeración de los oficios y otros documentos.
Pese a estas dificultades, Velazco aseguró que comenzó a atender desde su oficina para evitar que se paralizara la administración. Horas después, César Málaga presentó la denuncia.
Mijail del Pozo, abogado de la vicegobernadora, sostuvo que su patrocinada actuó dentro de las atribuciones previstas en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Del Pozo cuestionó la intervención policial y anunció que evaluará acciones legales contra César Málaga y los funcionarios que, según su versión, obstaculizaron el ejercicio de funciones de la vicegobernadora.
También expresó observaciones sobre la actuación de la fiscal Juana Lidia Arosquipa Paco, encargada de las diligencias.
La intervención de Liliana Velazco provocó pronunciamientos de representantes de Tacna en el Congreso. La senadora Juana Guisella Ticona Cohaila cuestionó la actuación policial y pidió que las autoridades judiciales y fiscales actúen sin preferencias políticas. También recordó que el artículo 23 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales contempla el reemplazo del gobernador por ausencia o impedimento temporal.
Por su parte, la diputada Svieta Fernández González expresó públicamente su respaldo a la vicegobernadora mediante un pronunciamiento. La parlamentaria afirmó haber sido testigo de malos tratos hacia su investidura y manifestó preocupación por la posible desproporción de las medidas adoptadas.
Fernández pidió a las autoridades investigar lo ocurrido con imparcialidad y respetar el debido proceso. Además, advirtió que las diferencias políticas no justifican presiones ni posibles abusos de poder.
Liliana Velazco recuperó su libertad durante la madrugada del 23 de octubre y quedó en calidad de citada.
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