Investigación alcanza a alcalde y funcionarios de Pocollay - Tacna.
La madrugada del 27 de agosto, la Fiscalía Anticorrupción y la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional (Dircocor) ingresaron a cinco inmuebles en Tacna como parte de una investigación contra una presunta organización criminal denominada “Los Ediles del Mal”, vinculada a supuestos actos de corrupción en la Municipalidad Distrital de Pocollay.
El operativo comenzó durante la madrugada y movilizó a unos 80 policías y siete fiscales. La diligencia alcanzó cinco inmuebles y estuvo vinculada a la investigación contra “Los Ediles” por los presuntos delitos de negociación incompatible, cohecho y lavado de activos. Según informó Radio Uno, la medida fue autorizada por la Primera Sala Penal de Apelaciones de Tacna tras una apelación del Ministerio Público.
Uno de las principales viviendas intervenidas fue la del alcalde de Pocollay, Hugo Rubén García Mamani, conocido como “Tito” García, ubicada en la avenida 28 de Agosto.
El comandante PNP Ernesto Castañeda Alarcón, jefe de la Dircocor Tacna, confirmó que el burgomaestre no se encontraba en el inmueble. En el lugar permanecían su pareja y otros familiares.
Explicó que las diligencias no contemplaban detenciones. El objetivo era incautar documentos, equipos y otros elementos que puedan contribuir a esclarecer los hechos investigados.
Uno de los elementos que aparece en la hipótesis fiscal es una camioneta Mitsubishi de placa Z8E-817. Según la investigación, el vehículo fue adquirido presuntamente de manera irregular mediante la empresa Suministros y Servicios Electromecánicos Contratistas S.A.C. y luego alquilado a la Municipalidad de Pocollay para el traslado de funcionarios.
Al parecer, la empresa habría alquilado el vehículo a un funcionario municipal para, a su vez, subarrendarlo a la alcaldía con conocimiento del alcalde. Además, la contratación se habría realizado sin una orden de servicio oficial, lo que configuraría el delito de negociación incompatible. La unidad cuenta con una orden de incautación
Durante los registros fueron incautados documentos, equipos informáticos y teléfonos celulares. Peritos especializados en cibercrimen participaron en la extracción de información de los dispositivos para determinar si contienen comunicaciones, archivos u otros elementos relacionados con los hechos investigados.
En uno de los inmuebles, el ingreso se retrasó debido a las condiciones exigidas por las modificaciones a la legislación sobre crimen organizado. Para evitar el descerraje, se coordinó la presencia de defensores públicos. Finalmente, el acceso se concretó cuando un taxi llegó con las llaves del inmueble.
El Ministerio Público deberá determinar si existió un beneficio indebido, quiénes participaron en las decisiones cuestionadas y si hubo movimientos de dinero o bienes que puedan configurar otros delitos.
La Policía informó que se comunicó con la persona que tendría el vehículo y le exigió su entrega, bajo advertencia de que ocultarlo acarrearía consecuencias.
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