La novena adenda de Cálidda enfrenta el rechazo de representantes de la macrorregión sur por sus posibles consecuencias económicas para los usuarios del gas natural. El acuerdo contempla inversiones superiores a US$550 millones y extender la concesión hasta 2043, diez años más de lo previsto, mientras continúa pendiente la ejecución del gasoducto del sur.
El cuestionamiento fue planteado ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem) por los senadores Wilfredo Verano Saravia, de Cusco; Bernardo Jaime Quito Sarmiento, de Arequipa; Andrés Avelino Ramos Huillcas, de Apurímac; y José Moisés Chipana Chipana, de Puno. También participaron los diputados Svieta Valia Fernández González, de Tacna, y César Hugo Tito Rojas, de Puno.
¿Qué pasaría con las tarifas?
Las observaciones de Osinergmin se concentran en cómo Cálidda recuperaría sus inversiones mediante las tarifas que pagan los consumidores.
El contrato actual vence en diciembre de 2033. Según el Informe N.º 413-2026-GRT/OS, existe el riesgo de que la ampliación permita reconocer nuevamente infraestructura cuyo costo ya habría sido recuperado con los pagos de los usuarios.
El regulador también identificó una proyección de US$1 mil 832 millones de utilidad operativa, calculada a valor presente de 2033, y cuestionó si existen beneficios equivalentes para los consumidores y el Estado.
Más de 200 mil conexiones
La propuesta busca extender el servicio a 15 localidades de Cusco, Puno, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Ucayali, mediante aproximadamente 3mil 739 kilómetros de redes.
Aunque contempla un mínimo de 201 mil 411 conexiones, Osinergmin advirtió que la cobertura comprometida sería limitada en algunas ciudades. En Quillabamba, por ejemplo, solo alcanzaría a 884 de 4 mil 391 viviendas evaluadas, aproximadamente el 20 %.
¿Por qué exigen el gasoducto del sur?
Los representantes reclaman que se priorice el Sistema Integrado de Transporte de Gas de la Zona Sur del Perú (SITGAS), concebido para transportar gas natural a gran escala hacia las regiones sureñas.
El proyecto permitiría abastecer no solo a hogares, sino también a industrias y actividades productivas. El Minem estimó una inversión de US$ 4 mil 321 millones y alrededor de 900 mil beneficiarios.
A diferencia de la ampliación de Cálidda, que contempla redes locales y plantas de regasificación, el SITGAS busca construir infraestructura de transporte de mayor capacidad.
El Gobierno anunció recientemente que ProInversión retomará el desarrollo del proyecto, paralizado desde 2017, aunque todavía quedan pendientes las decisiones necesarias para concretar su construcción.
Ministro no recibió a parlamentarios
Según la delegación, el ministro Guillermo Shinno Huamaní no los recibió personalmente y fueron atendidos por la viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas Pino. Los legisladores afirmaron que la funcionaria les comunicó que la adenda tendría que firmarse pese a los cuestionamientos.
«Nosotros queremos el gasoducto, queremos el SITGAS para nuestra macrorregión sur», manifestó el senador Wilfredo Verano.
Los parlamentarios solicitaron que no se suscriba el acuerdo hasta esclarecer las observaciones económicas y tarifarias.
Gobierno defiende ampliación
El Minem sostiene que la adenda permitirá acelerar el acceso al gas natural en regiones que todavía dependen de combustibles más costosos. También ha planteado una tarifa nivelada para acercar el precio del servicio al que pagan los usuarios de Lima.
Dato
La concesión actual de Cálidda vence en diciembre de 2033. La novena adenda plantea extenderla hasta 2043.
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