Karola Lara cuestiona la contradicción entre las altas exigencias para acceder a prácticas profesionales y los mínimos requisitos para postular al Congreso de la República del Perú, evidenciando fallas estructurales en el sistema político.
Por: Karola Lara Manchego. Doctora en Comunicación y Desarrollo
En el Perú de las contradicciones normalizadas, acceder a una práctica profesional puede convertirse en una carrera de obstáculos mucho más exigente que llegar al Congreso de la República del Perú. Mientras miles de jóvenes deben acreditar méritos académicos, experiencia previa, competencias digitales, disponibilidad presencial e incluso dominio de idiomas para aspirar a una oportunidad laboral temporal, para convertirse en congresista basta, esencialmente, con cumplir requisitos mínimos de edad, nacionalidad y ciudadanía.
La comparación no solo resulta irónica; revela una profunda distorsión en las prioridades del sistema político y laboral peruano. Hoy, un estudiante universitario que busca realizar prácticas preprofesionales o profesionales debe competir en procesos cada vez más rigurosos. Las empresas —públicas y privadas— exigen récord académico, manejo de software especializado, habilidades blandas, disponibilidad completa e incluso experiencia previa, algo paradójico para quien recién intenta ingresar al mercado laboral. A ello se suma una creciente exigencia de presencialidad absoluta, aun cuando muchas funciones podrían desarrollarse bajo esquemas híbridos o remotos.
En contraste, para postular al Congreso de la República los requisitos son mínimos: ser peruano de nacimiento, tener 25 años, gozar del derecho al voto y no estar legalmente inhabilitado. No se exige formación profesional, experiencia en gestión pública, conocimientos legislativos, producción académica ni especialización alguna. El país deposita la elaboración de leyes, la fiscalización del Estado y las decisiones políticas nacionales en personas a quienes legalmente no se les exige acreditar competencias técnicas mínimas.
La contradicción se vuelve aún más evidente cuando se observa el tratamiento económico y operativo que reciben ambos sectores. Mientras el practicante debe costear transporte, alimentación y largas jornadas presenciales para “ganar experiencia”, los congresistas no solo perciben elevados ingresos financiados por el Estado, sino que, además, durante períodos electorales, muchos terminan utilizando su exposición política y recursos logísticos como plataforma permanente de campaña.
La indignación ciudadana no nace únicamente del salario congresal o de los beneficios parlamentarios. Surge, sobre todo, de la percepción de desigualdad meritocrática: al joven se le exige demostrar capacidad antes de ingresar; al político, muchas veces, recién se le evalúa después del daño.
El juicio ciudadano ya comenzó a reflejarse en las urnas. El diario El Comercio publicó recientemente que más del 70 % de congresistas no logró la reelección en el actual proceso electoral. Este dato no puede interpretarse solo como una alternancia política; constituye una señal de desgaste profundo, desaprobación pública y creciente desencanto con la representación parlamentaria.
La ciudadanía parece haber entendido algo fundamental: ocupar un cargo de poder no debería requerir menos preparación que ocupar un puesto de practicante.
El problema de fondo no es únicamente normativo, sino ético y estructural. El Perú ha construido un modelo en el que la juventud enfrenta filtros cada vez más estrictos para acceder a oportunidades básicas, mientras la política continúa manteniendo estándares sorprendentemente bajos para quienes toman decisiones nacionales.
No se trata de elitizar la representación política ni de impedir la participación ciudadana. La democracia debe seguir siendo inclusiva. Pero inclusión no puede significar mediocridad institucionalizada. Resulta legítimo preguntarse si quienes redactan leyes deberían acreditar, al menos, conocimientos mínimos sobre gestión pública, derecho constitucional, economía o administración estatal.
Porque mientras un practicante puede ser descartado por no dominar Excel avanzado o no cumplir horarios presenciales, un congresista puede legislar sobre educación, salud, minería o seguridad sin experiencia comprobada en ninguna de esas áreas.
Y esa es, probablemente, una de las razones por las que el país sigue atrapado entre la frustración ciudadana y la precariedad política.
CITA
“La ciudadanía ya entendió: el poder no debería exigir menos que un puesto de practicante”.
CIFRA
+ 70 % de congresistas no logró la reelección en el último proceso electoral.
DATO
Para ser congresista basta con tener 25 años de edad, nacionalidad peruana y no estar inhabilitado legalmente.
