Los operadores del servicio urbano cuestionan las modificaciones planteadas por la municipalidad.
El conflicto por el transporte urbano ahora se trasladó al Concejo Municipal. Luego de las protestas por el alza del pasaje y los pedidos de “ruta libre”, transportistas llegaron a la Municipalidad Provincial de Puno para cuestionar una propuesta de modificación de la Ordenanza Municipal N.° 288-2010.
Esta norma, vigente desde 2010, aprueba el Reglamento de Administración del Servicio de Transporte Terrestre en la provincia de Puno. Allí se establecen las reglas para autorizar y supervisar el transporte urbano e interurbano, así como las condiciones bajo las cuales deben operar empresas y vehículos.
La municipalidad ya había advertido anteriormente que la ordenanza requería una actualización porque fue elaborada tomando como base normas nacionales que luego fueron modificadas y porque el parque automotor y las necesidades de transporte de la ciudad cambiaron con los años.
¿Qué se busca modificar?
Uno de los puntos centrales es el esquema de rutas y autorizaciones. La regidora María Vianey explicó que la propuesta permitiría ampliar recorridos de empresas que ya operan y también abrir espacio para nuevas empresas en zonas donde actualmente el servicio no llega o resulta insuficiente.
Esto supone modificar parte del modelo que durante años restringió el ingreso de nuevas unidades y operadores. De hecho, el artículo 30 del reglamento aprobado por la Ordenanza 288-2010 establecía una suspensión para otorgar nuevas autorizaciones de transporte urbano, disposición que posteriormente fue declarada barrera burocrática ilegal por Indecopi.
El planteamiento aparece en medio de una fuerte presión ciudadana. Vecinos de Alto Puno y organizaciones sociales vienen cuestionando el cobro de S/1,50, el incumplimiento de recorridos y horarios y la falta de unidades en algunos sectores.
También plantean multas
La propuesta de modificación no solo aborda la ampliación de rutas y el ingreso de nuevos operadores. Durante el debate municipal también se planteó endurecer las sanciones contra empresas, conductores y cobradores que incumplan las condiciones del servicio.
El regidor Arturo Mamani Pandia expuso que el abandono parcial de una ruta podría ser sancionado con una multa de hasta el 30 % de una UIT, mientras que iniciar o terminar recorridos fuera de los puntos autorizados podría generar una penalidad del 20 %.
La reducción unilateral de la flota, incluso cuando se argumente el incremento del precio del combustible, podría ser sancionada con el 40 % de una UIT. También se plantea una multa del 30 % para quienes no cumplan con la frecuencia nocturna, el servicio en días escolares o la atención durante feriados.
La sanción más alta sería para las empresas que abandonen completamente una ruta por más de 24 horas sin comunicarlo a la Gerencia de Transportes. En ese caso, la multa llegaría al 80 % de una UIT.
La propuesta también contempla sanciones para conductores y cobradores por competir por pasajeros, maltratar o agredir a los usuarios, discriminar, negarse a prestar el servicio o cobrar tarifas distintas a las registradas. Las multas irían desde el 5 % hasta el 40 % de una UIT.
Transportistas piden socialización
David Mendoza, representante de los transportistas, señaló que el gremio todavía no conoce a detalle la propuesta y pidió una copia para revisarla. Aclaró que no están en contra de ampliar rutas ni del ingreso de nuevas empresas cuando existen zonas que necesiten mayor cobertura.
El principal cuestionamiento es que una modificación de este tipo se apruebe sin haber sido discutida previamente con los operadores del servicio.
La regidora María Vianey defendió, en cambio, la autonomía del Concejo Municipal para aprobar ordenanzas y señaló que la actualización busca adecuar la regulación local a las normas del Ministerio de Transportes. También recordó que existen empresas que no cumplen por completo sus recorridos ni horarios.
El pasaje sigue detrás del conflicto
La discusión ocurre luego de las protestas contra el incremento del pasaje urbano. Algunas empresas anunciaron tarifas de S/1,50, mientras otras continúan cobrando S/1 o S/1,20.
Mendoza sostuvo que no existe una tarifa única aplicada por todas las empresas y señaló que los precios varían según cada operador y las condiciones del mercado.
Por ahora, el Concejo Provincial mantiene pendiente la discusión de los cambios mientras se revisan los aspectos técnicos y continúan los reclamos de usuarios y transportistas.
Dato
La Ordenanza Municipal N.° 288-2010 regula la administración del transporte urbano e interurbano en la provincia de Puno.
Sobre el autor
