Ronderos advierten sanciones en caso de nuevos hechos de violencia en Puno.
La violencia en el transporte interprovincial encendió las alertas en la región Puno. Tras la agresión a conductores que ingresaron a operar en la ruta Juliaca – Macusani, las rondas campesinas de la provincia de Carabaya acordaron aplicar castigo ronderil a los presuntos responsables.
La decisión fue tomada durante un encuentro en el que participaron representantes de los 10 distritos de la provincia, quienes además ratificaron que las nuevas empresas de transporte continuarán brindando el servicio pese a los hechos de violencia registrados.
El alcalde provincial de Carabaya, Edmundo Cáceres Guerra, sostuvo que el conflicto tiene su origen en un presunto monopolio ejercido por empresas que operaban previamente en la ruta, las cuales habrían fijado un precio único de S/ 18 por pasaje.
Según explicó, las nuevas empresas contaban con autorización para iniciar operaciones desde el pasado 22 de marzo; sin embargo, debido al paro de transportistas, su ingreso efectivo se concretó recién el 26 de marzo, día en que se produjeron los enfrentamientos.
Frente a esta situación, las rondas campesinas no solo condenaron los actos de violencia, sino que también acordaron sancionar a los implicados bajo sus mecanismos de justicia comunal, conocidos como castigo ronderil.
Asimismo, se informó que los transportistas involucrados en los incidentes se comprometieron a asumir los daños ocasionados. No obstante, las autoridades advirtieron que, de repetirse hechos similares, se convocará a las rondas para evaluar medidas más drásticas.
El caso evidencia la tensión existente en el sector transporte donde la informalidad, el control de rutas y la fijación de tarifas continúan generando conflictos.
Cita
“En febrero han subido el pasaje y eso ha exacerbado el ánimo de la población. Entonces hemos dado permiso a otras cinco nuevas empresas”, Edmundo Cáceres.
Dato
El sistema de rondas campesinas en el Perú es reconocido legalmente y permite aplicar sanciones comunales en zonas rurales, siempre que no vulneren derechos fundamentales.
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