
César Quispe, abogado de las víctimas, calificó este paso como uno de los mayores avances de la investigación.
A casi cuatro años de la jornada represiva del 9 de enero de 2023 en Juliaca, el proceso judicial por la muerte de 18 ciudadanos y las lesiones causadas a otros 107 registró un avance decisivo. La Fiscalía de Derechos Humanos de Lima formalizó la acusación fiscal contra los presuntos responsables de estas graves violaciones a los derechos humanos y remitió el expediente al Poder Judicial, marcando el cierre de la etapa preparatoria.
El anuncio fue realizado por César Quispe Calsín, abogado de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero, quien calificó el paso procesal como uno de los hitos más relevantes tras un camino obstaculizado por constantes cambios de fiscales y demoras administrativas. De acuerdo con la defensa legal, la investigación comprende los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves ocurridos durante las protestas que enlutaron a la región Puno.

Camino al juicio oral
Con el ingreso del requerimiento acusatorio al Poder Judicial, el caso entra en una fase determinante. Quispe Calsín explicó que el órgano jurisdiccional deberá notificar formalmente a todas las partes involucradas y convocar a las audiencias de control correspondientes. Este paso antecede el inicio al juicio oral donde se debatirán y determinarán las responsabilidades penales individuales.
El letrado precisó además que su labor de defensa legal no se limita únicamente a los sucesos de Juliaca. También acompañará a los afectados por otros episodios de violencia estatal registrados en el altiplano. Entre ellos figuran las jornadas del 14 de diciembre de 2022, los hechos del 6, 7, 9 y 18 de enero de 2023, así como la masacre ocurrida en la localidad de Macusani.
Condiciones para el diálogo
Este avance en el ámbito judicial se produce semanas después de que los familiares de las víctimas fijaran su postura frente al Gobierno. En octubre de este año, los deudos expresaron su apertura al diálogo tras el ofrecimiento planteado por el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas González. En ese contexto, advirtieron que la reunión no puede limitarse a un acto protocolar y debe responder a demandas concretas.
Raúl Samillán Sanga, presidente de la asociación de víctimas, subrayó que entre las exigencias centrales figura una disculpa pública del ministro Arnillas por sus declaraciones de marzo, cuando aseguró sin presentar pruebas que en las movilizaciones participaron ciudadanos extranjeros. Asimismo, los colectivos demandan compromisos políticos para derogar normas cuestionadas, como la Ley 32735 sobre el fuero policial-militar, ante el temor de que los procesos sean trasladados fuera de la justicia ordinaria.

Reparación
En el plano social, los familiares exigen un plan integral de reparaciones. Este debe garantizar atención médica especializada, acceso a educación, vivienda y oportunidades laborales para los sobrevivientes. Ya que, muchos de ellos quedaron con secuelas físicas y económicas, e incluso tuvieron que vender sus bienes para subsistir.
Mientras los familiares mantienen firme su agenda de exigencia social y política frente al Ejecutivo, el avance de la acusación fiscal renueva sus expectativas. Tras casi cuatro años de búsqueda, los deudos esperan alcanzar finalmente verdad y sanción efectiva en los tribunales.
CIFRA
18 personas fallecieron en la jornada del 9 de enero de 2023 en la ciudad de Juliaca.
DATO
Las investigaciones comprenden presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves.






