La investigación contra “Los Burros de la Corrupción” no terminó con el primer megaoperativo realizado en la Municipalidad Provincial de San Román. El caso continúa en los tribunales y una reciente decisión de la Sala Penal de Apelaciones de Puno modificó la situación de cuatro de los principales investigados.
El tribunal confirmó 36 meses de prisión preventiva para Edwerson William Pacori Paricahua y Yony Apaza Justo, mientras que revocó la medida para Hardy Meyer Quispe Lipa y Alberth Dany Aguirre Carbajal, quienes deberán afrontar el proceso en libertad bajo comparecencia con restricciones.
Pacori Paricahua, quien se desempeñaba como subgerente de Circulación, Seguridad Vial e Inspección, y Apaza Justo, vinculado a la subgerencia de Regulación de Transporte de Vehículos Menores, continuarán recluidos mientras avanza la investigación fiscal.
La Fiscalía sostiene que ambos habrían cumplido funciones dentro de una estructura que buscaba favorecer a conductores con infracciones de tránsito muy graves mediante la manipulación de los procedimientos administrativos.
La Sala, en cambio, consideró que no existían elementos suficientes para mantener la prisión preventiva de Hardy Meyer Quispe Lipa y Alberth Dany Aguirre Carbajal.
Quispe Lipa, exgerente de Transportes y Seguridad Vial, había sido señalado por la Fiscalía como uno de los principales integrantes de la presunta estructura. Aguirre Carbajal se desempeñaba como jefe de la Oficina de Liberaciones y también fue incluido entre los investigados.
Ambos deberán cumplir comparecencia con restricciones, presentarse periódicamente ante el juzgado y pagar una caución de S/5 mil cada uno.
En el caso de Quispe Lipa, la Sala habría advertido inconsistencias en la imputación, entre ellas que asumió el cargo cuando la presunta red ya habría estado operando y que llegó a emitir memorándums exigiendo controles. Estos elementos debilitaron, según el tribunal, la sospecha necesaria para mantenerlo privado de libertad.
¿Cómo habría operado la red?
La tesis fiscal apunta a un mecanismo instalado dentro del área de Transportes de la Municipalidad Provincial de San Román durante 2024 y 2025.
El objetivo habría sido cobrar dinero a conductores que tenían infracciones graves para evitar que las papeletas fueran registradas o ejecutadas correctamente. Las pesquisas señalan que también se habrían desaparecido expedientes, alterado información y permitido que algunas sanciones prescribieran o caducaran.
Los montos exigidos a los usuarios habrían variado. Una investigación periodística recoge cobros de entre S/500 y S/5 mil, dependiendo del trámite o beneficio buscado.
Más de 400 papeletas bajo sospecha
Uno de los aspectos más graves de la investigación es la cantidad de sanciones que habrían sido afectadas.
La Fiscalía sostiene que la presunta organización habría impedido el registro y ejecución de más de 400 papeletas por infracciones muy graves, entre ellas las identificadas como M1, M2 y M3.
Las pesquisas también apuntan a un perjuicio económico para la municipalidad que inicialmente fue calculado en alrededor de S/1 millón, aunque otras investigaciones periodísticas posteriores estimaron pérdidas cercanas a S/2 millones desde 2024.
Una estructura con varios niveles
La investigación fiscal identifica a varios funcionarios y servidores que habrían cumplido diferentes funciones dentro del presunto esquema.
Además de Pacori, Apaza, Quispe y Aguirre, aparecen Eber Lucio Portada Mamani, señalado como técnico administrativo; y Jhordan Henrry Tintaya Luchini, trabajador de seguridad, entre otros investigados.
Según la tesis fiscal, Portada habría intervenido en la manipulación y desaparición de expedientes, mientras que Tintaya habría actuado como enlace inicial con conductores que buscaban solucionar sus infracciones mediante pagos irregulares.
El caso alcanzó incluso al alcalde provincial de San Román, Óscar Cáceres Rodríguez. Sin embargo, desde el inicio del proceso su situación judicial fue diferente a la de los funcionarios que afrontan prisión preventiva.
El Poder Judicial rechazó inicialmente la detención preliminar solicitada contra el burgomaestre al considerar que la Fiscalía no había acreditado una sospecha plausible suficiente sobre su participación directa o indirecta en los hechos investigados.
Dato
El caso comenzó a tomar mayor dimensión tras el megaoperativo de junio de 2026, cuando fueron allanadas oficinas y viviendas vinculadas a los investigados y se ejecutaron órdenes de detención preliminar.
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