
Cuatro distritos de Melgar continúan exigiendo la recuperación de sus fuentes hídricas.
A casi dos décadas de las primeras denuncias por la contaminación de la cuenca del río Llallimayo, en Puno, seis dirigentes sociales que denunciaron esta problemática afrontarían un juicio oral, para el cual el Ministerio Público habría solicitado penas superiores a los 31 años de prisión.
Mediante un pronunciamiento, la senadora Ruth Luque Ibarra cuestionó el proceso judicial contra los dirigentes y exigió el respeto al debido proceso y al derecho constitucional a la protesta. “Más de una década sin remediación ambiental, pero para criminalizar a quienes defienden el agua sí hay celeridad”, señalo la senadora.

Años sin remediación
Las demandas de los pobladores de los distritos de Llalli, Cupi, Umachiri y Ayaviri, en la provincia de Melgar, se remontan a 2007, cuando comenzaron a denunciar los daños ambientales asociados a la actividad minera en la cabecera de la cuenca.
Aunque en 2017 el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) determinó la responsabilidad de Aruntani en la contaminación y en 2019 se dispuso la paralización de las operaciones de la unidad minera Arasi, los vertimientos continuaron.

Incluso, en 2025, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Puno inició una investigación por el presunto delito de contaminación ambiental agravada, tras detectar descargas mineras en los ríos Ocuviri y Huarucani, así como en la quebrada Lluchusani.
Paralelamente, las organizaciones sociales vienen impulsando una demanda de amparo, presentada en 2020 ante la falta de atención de las instituciones del Estado. Sin embargo, Marcelino Surco Quispe, presidente del Frente de Defensa de la Cuenca Llallimayo, denunció que, después de cinco años, la audiencia de este proceso había sido suspendida.
Aruntani y sus multas
A los retrasos en la remediación ambiental se suma el escaso pago de las sanciones impuestas a la minera. Durante una audiencia pública en Mollendo (Arequipa), el representante del OEFA, Víctor Aragón Vallenas, informó que Aruntani acumulaba multas por 19 mil 182 unidades impositivas tributarias (UIT), de las cuales solo habría pagado 142 UIT, es decir, el 0,74 %.
En tanto, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) suscribieron en octubre un convenio para intervenir cinco componentes críticos de la mina Arasi e implementar tres plantas de tratamiento de aguas ácidas, con una inversión superior a S/ 354 millones.
Precisamente, para este domingo, los dirigentes de Llallimayo han convocado a una reunión con la población de los cuatro distritos afectados para informar sobre los avances de las gestiones y los compromisos asumidos por el Ejecutivo.
Dato
El actual ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, se desempeñó como gerente general de Aruntani S.A.C. entre 2019 y 2022.







