Marleny Arminta presenta proyecto de ley contra la criminalidad.
Ante el constante avance y la sofisticación logística del crimen organizado, la diputada por Arequipa, Marleny Arminta, del partido Ahora Nación, presentó una proposición legislativa para modificar el artículo 46 del Código Penal. La iniciativa busca sancionar con mayor severidad a los delincuentes que utilicen aeronaves no tripuladas (drones), sistemas de geolocalización u otras tecnologías para amedrentar, vigilar, seguir, realizar reglaje o ubicar a sus víctimas.
Asimismo, el proyecto contempla como circunstancia agravante la instrumentalización de drones u otros medios tecnológicos para transportar, lanzar, activar o detonar explosivos, armas de fuego o sustancias peligrosas contra personas o infraestructura pública y privada.
La parlamentaria recordó que en el país ya existen antecedentes alarmantes, como el reglaje aéreo ejecutado por la organización criminal «Los Pulpos» en Trujillo para el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, así como reportes sobre ataques con explosivos en zonas de minería ilegal en Madre de Dios.
La iniciativa responde a un drástico incremento de la criminalidad. Según estadísticas del Ministerio Público citadas en el expediente, las denuncias por extorsión aumentaron de 2 mil 747 casos en 2020 a un récord de 28 mil 252 en el año 2025. «El crimen organizado está utilizando tecnología para vigilar y atacar a sus víctimas. El Estado no puede quedarse atrás», enfatizó la parlamentaria.
Según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), citadas en el proyecto de ley, la extorsión genera ingresos por 758 millones de dólares anuales a las bandas criminales en Perú.
El análisis costo-beneficio señala que la norma no demanda recursos adicionales al Tesoro Público y proyecta un efecto disuasorio capaz de evitar pérdidas de al menos 30.32 millones de dólares anuales en el corto plazo.
14 mil 271 casos de extorsión se han registrado hasta julio de este año a nivel nacional.
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