Gobernador Rohel Sánchez no explica la real situación de Corío, provocada por su propia gestión
Durante el roadshow “Corredor del Sur del Perú”, desarrollado en Lima, ProInversión, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) promocionaron el desarrollo del Puerto Corío. El proyecto convertiría al sur peruano en un nuevo eje comercial frente al océano Pacífico.
Durante la inauguración del encuentro, el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio Castro, señaló que, al término del evento, se programaría una agenda de acciones concretas para las próximas semanas con la finalidad de avanzar en la consolidación del proyecto.
Por su parte, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez, destacó las condiciones naturales del litoral de Corío, especialmente el calado marítimo de entre 20 y 29 metros, que permitiría la llegada de embarcaciones de gran tamaño. Sostuvo que esta característica convertiría al puerto en una infraestructura singular para Sudamérica.
En efecto, el Puerto Corío contempla la zona núcleo del puerto, con 1,127 hectáreas; la plataforma logística y aeroportuaria, con 467.74 hectáreas; la zona industrial y de desarrollo tecnológico, con 2,609.96 hectáreas; y la futura ciudad puerto, con 1,192.82 hectáreas.
Sin embargo, por el momento todo resulta inviable. La gestión del propio gobernador Rohel Sánchez otorgó dos concesiones mineras que comprometen mil 500 hectáreas del área reservada para el proyecto. La primera concesión minera, denominada “La Perla Texao 5”, fue solicitada el 28 de junio de 2023 y abarca una extensión de mil hectáreas. El titular es Hayar Hans Hilasaca Gómez.
En tanto, la segunda concesión, “RJ Buena Vista V”, registrada el 2 de septiembre de 2022, comprende 500 hectáreas a nombre de José Luis Humpire Toledo. Esta última se superpone con espacios donde se proyecta infraestructura estratégica como el centro de control y la torre de operaciones del futuro terminal marítimo.
Las resoluciones que formalizaron ambos derechos mineros fueron emitidas durante 2025 por la Gerencia Regional de Energía y Minas, entonces encabezada por Luciano Alejandro Taco Prado. Ahora se busca dejar sin efecto ambas resoluciones, aunque el daño ya está hecho.
Dato
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