Jaime Rodríguez estuvo en la cuerda floja, pero se salvó.
El escenario electoral en Moquegua ha dado un giro decisivo. Mediante la Resolución N.º 01655-2026-JEE-MNIE/JNE, emitida el 5 de agosto de 2026, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Mariscal Nieto dispuso admitir a trámite la fórmula al Gobierno Regional presentada por la organización política Kausachun. Esta decisión permite que Jaime Rodríguez Villanueva continúe oficialmente en la carrera para el cargo de gobernador, acompañado por Karol Cecilia Torres Ramírez como candidata a vicegobernadora.
Este desenlace ocurre tras un complejo proceso que inició el 13 de julio con la Resolución N.º 01257-2026-JEE-MNIE/JNE. En dicha instancia, el JEE había declarado la improcedencia de la solicitud de inscripción de Rodríguez Villanueva. El argumento técnico se basaba en un criterio del Supremo Tribunal Electoral que establece un impedimento de diez años para postular tras el cumplimiento de una pena por delitos específicos, como el de nombramiento indebido a cargo público, por el cual el candidato fue sentenciado en 2018.
La situación de Kausachun se tornó más crítica el 16 de julio, cuando el JEE emitió la Resolución N.º 01286-2026-JEE-MNIE/JNE para aclarar un punto dudoso. En este documento, se precisó que, de acuerdo con el numeral 33.3 del Reglamento de Inscripción, si se confirmaba la improcedencia del candidato a gobernador, toda la fórmula quedaría fuera de inscripción, invalidando incluso la postulación de la vicegobernadora, a pesar de que ella sí había subsanado sus observaciones personales.
Sin embargo, el personero legal de la agrupación interpuso un recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Tras la vista de la causa realizada el 3 de agosto, el Pleno del JNE decidió declarar fundado el recurso, revocando el impedimento inicial. En cumplimiento de este mandato superior, el JEE de Mariscal Nieto procedió a la admisión de la fórmula completa.
Jaime Rodríguez tuvo que demostrar el pago de dos reparaciones civiles: S/ 5 mil por su sentencia por el delito de nombramiento indebido de cargo público (2016) y S/ 8 mil 940 por su proceso de abuso de autoridad (2020).
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