Keiko Fujimori. El pedido de facultades legislativas sería por 120 días.
A solo días de iniciar su gestión, el gobierno de Keiko Fujimori ya busca ampliar su margen de acción, solicitando facultades legislativas al Congreso de la República, por 120 días, en diferentes materias. Esta pretensión pone en duda la necesidad y el alcance que tendrían, a futuro, algunas de estas posibles normas.
Las iniciativas están enfocadas en seguridad ciudadana, formalización del empleo, desarrollo productivo, simplificación administrativa, desregulación de barreras burocráticas, reforma estructural del Estado, materia tributaria y aduanera, entre otros temas.
Si bien el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, sostuvo que el documento que circuló sobre el proyecto de ley de delegación de facultades sería un borrador de trabajo y no un documento definitivo, la propuesta genera preocupación y evidencia de semejanzas al Gobierno de Alberto Fujimori.
Un tema importante es la creciente delincuencia y crimen organizado en el país. En el 2025, la tasa de victimización a nivel nacional fue de 25,3 %, según la data del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), por lo que se espera acciones.
El Ejecutivo propone la participación temporal y excepcional de las Fuerzas Armadas en la dirección, seguridad, control, supervisión y apoyo operativo de establecimientos penitenciarios. Esta medida es semejante a la adoptada tras el autogolpe de 1992.
Además, se pretendería la privatización de las cárceles con la propuesta de “participación e inversión privada en la infraestructura, administración, gestión, operación y prestación de servicios vinculados al Sistema Nacional Especializado de Internamiento y Reinserción”.
A ello se suma, dar “carta blanca” para la modificatorias en materia militar y policial, código penal, procesal penal y ejecución penal.
Esta materia fue la más cuestionada por contravenir a los derechos laborales. Este es un sector sensible, considerando que el 29,8 % de la población trabaja en la formalidad, de acuerdo al INEI.
Una de las propuestas es perfeccionar el régimen de extinción de contratos de trabajo, es decir, las razones legales que ponen fin definitivo a la relación laboral entre un empleado y un empleador. Aquí habrá la “flexibilidad que deben tener las empresas frente a cambios en la realidad económica o técnica”.
Asimismo, también se plantea reformas en el régimen legal de los beneficios laborales, incluyendo vacaciones, horas extras, participación en las utilidades, gratificaciones, compensación por tiempo de servicios (CTS), “permitiendo acuerdos entre trabajadores y empleadores a nivel individual o a través de la negociación colectiva”.
Una de las iniciativas más comentadas es la de reducir el número de feriados no laborables, justificando que racionalizar su uso fomentará la productividad.
Durante la década de 1990, también se aprobaron normas orientadas a flexibilizar el mercado laboral, y facilitar la contratación y el despido.
No obstante, hay un proyecto que nos remonta al Gobierno de Ollanta Humala con la “Ley Pulpín”, aprobada en el 2014, pero que luego fue derogada por el masivo rechazo que se trasladó a las calles. Una de las facultades legislativas busca dictar medidas para atender la problemática del empleo juvenil sobre los mecanismos de contratación laboral y el régimen de beneficios.
Esta es una grave problemática considerando que casi dos de cada diez peruanos de entre 15 y 29 años no estudian ni trabajan.
En el pedido de facultades legislativas en materias de simplificación administrativa y de desarrollo productivo, se promoverían iniciativas de norma que tendrían un impacto al medio ambiente, dando mayores facilidades a la inversión privada.
La primera precisa dictar normas para eliminar y racionalizar requisitos legales y regulatorios para las distintas actividades económicas. Incluso establecer la renovación automática de las autorizaciones, permisos y certificaciones.
El texto continúa siendo aún más específico. Para las actividades mineras, en todos sus estratos y modalidades, simplifica requisitos, formalización, otorgamiento, vigencia y caducidad de concesiones, catastro, permisos, autorizaciones y certificaciones, propiedades superficiales, trazabilidad, asistencia técnica, desarrollo de proveedores y encadenamientos productivos.
Además, propone modificar la normativa en materia ambiental, de recursos naturales y áreas naturales protegidas, justificando que se busca “armonizar la protección del medio ambiente con el desarrollo de actividades productivas”. Aquí se pretende acortar y simplificar los procesos de aprobación de los instrumentos ambientales, elaboración y modificación de los instrumentos ambientales.
El Ejecutivo defendería la actividad empresarial en áreas naturales protegidas y solo se restringirá si esta se basa en evidencia científica, evaluada técnicamente y respeten los principios de legalidad y proporcionalidad.
En la materia de reforma estructural y modernización del Estado, se menciona la fusión, división, y disolución de organismos públicos y otras entidades del Poder Ejecutivo. Si bien no se precisa las instituciones que estarían implicadas en esta normativa, se recuerda que anteriormente hubo una intención de unificación de algunas carteras ministerial, que no llegó a concretarse por las críticas.
Las posiciones son diversas al interior del Congreso. La diputada de Arequipa por Juntos por el Perú, Amalia Palomino, señaló que, si bien aún no hay una posición definida dentro de la alianza con las bancadas de Obras y Ahora Nación, su postura es de no respaldar el otorgamiento de facultades, al considerar que no se respeta el equilibrio de poderes donde el Parlamento es el encargado de legislar.
“El trabajo de la Cámara de Diputados no se puede pasar por alto. Nosotros somos los que tenemos la facultad de proponer proyectos que precisamente van a atender de manera oportuna los problemas”, señaló Palomino, quien consideró que, en su lugar, el Gobierno debería presentar un plan de trabajo.
De la misma bancada, el diputado por Puno, Cesar Tito, también expresó su oposición, sosteniendo que el Ejecutivo busca concentrar el poder. «Ella (Keiko Fujimori) quiere empoderarse absolutamente para que a través de esas facultades puede hacer y deshacer de acuerdo a su conveniencia”, aseveró tajante.
Por su parte, el diputado de Cusco por Ahora Nación, Cesar Holguín, califica a este pedido de facultades como un nuevo “Fujishock” que no busca solucionar los reales problemas que tiene el Perú. “Su pedido de facultades apunta a facilitar despidos masivos, recortar beneficios laborales, dar más exoneraciones tributarias y flexibilización en favor de grandes empresas, todo a costa de los trabajadores”, señaló.
En materia tributaria, refiere que el fujimorismo pretende más exoneraciones, incentivos y beneficios para las empresas, afectando la recaudación del Estado.
Por el contrario, el diputado de Arequipa por Renovación Popular, Christian Aranda, señaló que su bancada está abierta a otorgar facultades legislativas al Gobierno por el periodo de 120 días. No obstante, señaló que primero debe esperarse el documento oficial del pedido para su evaluación. “Daremos en la medida de que esto se revierta en resultados positivos para el país, sobre todo en temas como seguridad y atender el Fenómeno de El Niño”, manifestó.
Las facultades legislativas son un mecanismo mediante el cual el Congreso autoriza al Ejecutivo a dictar normas por un tiempo determinado y sobre materias específicas.
Despiece
Para dar luz verde a las facultades legislativas, la primera vista la tendrá la Cámara de Diputados, que deberá debatirla y contar con la mayoría de respaldo para su aprobación. El siguiente paso es que pase al Senado, el cual podrá aprobar, modificar o rechazar el proyecto de ley.
Una vez que el Gobierno emita los decretos legislativos, tendrá tres días, después de su publicación, para dar cuenta al Senado. La norma también pasará por la Comisión de Control Político sobre los Actos Normativos del Poder Ejecutivo, que revisará si
Cuando el Ejecutivo emita los decretos legislativos, debe dar cuenta de cada uno al Senado, dentro de los tres días siguientes a su publicación. A continuación, el decreto pasa a la Comisión de Control Político sobre los Actos Normativos del Poder Ejecutivo, que verifica si no está contra la Constitución o excede el ámbito de las facultades delegadas. De existir irregularidades, los senadores podrán votar su modificación o derogación.
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