Son más de 6 mil fosas clandestinas en las que debe buscarse para encontrar a desaparecidos.
Juana Carrión tenía 26 años cuando el 26 de julio de 1984, su hermano Ricardo de 28 años desapareció en Ayacucho. Él se dirigía al Banco Popular cuando lo detuvieron en una batida. Cinco años después, la desgracia en su familia continuó. El 28 de agosto de 1989, su otro hermano Teófilo también fue capturado estando en su vivienda.
Desde entonces, no dejó de buscar a sus dos hermanos. “No podíamos dormir bien, no podíamos comer por la desesperación. Salíamos a la calle, a las dependencias policiales, a los barrancos, porque por ahí los tiraban luego de asesinarlos. Pero no los encontrábamos”, cuenta.
En esa larga lucha por encontrar respuestas, su madre falleció de un derrame cerebral. “Murió llorando por sus hijos y también por sus hermanos, que han sido asesinados por terroristas”, dijo.
Después de 35 años, finalmente pudo encontrar el cuerpo de su hermano Ricardo enterrado en el predio que es hoy el Santuario de la Memoria de La Hoyada. Ahí fue exhumado y lo pudo reconocer por sus prendas de vestir. Luego, el ADN lo confirmó y es así que le pudo dar cristiana sepultura.
Pero la búsqueda no termina, hasta ahora no encuentra a su hermano Teófilo. Según testigos, fue llevado al cuartel Los Cabitos, donde lo torturaron antes de acabar con su vida.
Así como Juana, son miles las familias que hace más de cuatro décadas no pierden la esperanza de recuperar los restos mortales de sus seres queridos, que fueron cruelmente ultimados durante el conflicto armado interno entre 1980-2000, por terroristas Sendero Luminoso y MRTA, y por las fuerzas orden.
Ahora la mayor preocupación es que estaría en peligro la continuidad de la búsqueda, identificación y entrega de los cuerpos, debido a la transferencia de recursos económicos que debe dar el Estado.
Y es que una reciente información publicada por el Ministerio Público, el 20 de setiembre del 2026, encendió las alarmas. La Fiscalía de Ayacucho comunicó la recuperación de los restos humanos y elementos asociados a tres personas, quienes habrían sido ejecutadas por Sendero Luminoso, en el año 1983, en Uchuraccay.
En esta diligencia no se contó con el soporte de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, según se señala, por “limitaciones presupuestales” de la entidad, situación que impacta en distintas investigaciones de carácter humanitario.
De acuerdo al último informe del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y de Sitios de Entierro (Renade), actualizado con estadísticas hasta el primer semestre del 2026, se logró cerrar la búsqueda de 3 mil 600 casos suscitados durante el periodo de violencia.
Sin embargo, aún hay 19 mil 36 casos que están en investigación. Son diez los departamentos que concentran el mayor número, siendo Ayacucho el que encabeza la lista con 8 mil 704. Otros del sur son Cusco con 343 y Apurímac con 584.
Un punto de inflexión para el reconocimiento de desapariciones forzadas fue la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Sofía Macher recuerda que antes que se creara este organismo, en el 2001, solo hubo la devolución de los restos de los estudiantes de La Cantuta, que los entregaron en cajas de leche Gloria.
Desde entonces hasta la fecha, Macher indica que, si bien hubo un trabajo del Estado para la búsqueda y restitución a las familias, este es muy lento. “Nosotros presentamos en el 2003 nuestro informe y recién en el 2016 se aprueba una ley de búsqueda humanitaria. Ahí se llegó a identificar más o menos 22 mil 500 personas desaparecidas”, puntualizó.
Según el Renade, la evolución del registro de personas desaparecidas creció desde el periodo 2018 a 2025, alcanzando la cifra de 22 mil 720. No obstante, se observa que el avance en la búsqueda y recuperación de restos mortales de personas es aún mínimo al no llegar ni al 20%.
La Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD) es la oficina encargada de realizar la ubicación humanitaria de personas que desaparecieron durante el periodo de violencia 1980-2000. Este proceso tiene 3 etapas: investigación humanitaria, intervención conjunta y cierre del proceso.
Trabaja con un Banco de Datos Genéticos que centraliza la información de ADN de restos óseos recuperados y de familiares para lograr la identificación. Además, debe realizar el acompañamiento psicosocial y apoyo material a los parientes.
En una revisión al Plan Operativo Institucional (POI) anual del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dicha dirección ha mantenido un presupuesto promedio durante los últimos tres años. En el 2024 se destinó 1 millón 372 mil, en el 2025 fue de 1 millón 261 mil, en el 2026 de 1 millón 860 mil soles. Comparado al resto de unidades ejecutoras, es una de las que menores recursos recibe.
Asimismo, este año se estableció una Acción Operativa Institucional dentro del POI con un presupuesto de casi 5 millones para la búsqueda de personas desaparecidas.
La falta de financiamiento para la búsqueda, identificación y entrega de restos mortales es una realidad que deviene de hace varios años. La presidenta de la Asociación Nacional de Familiares Secuestrados Detenidos y Desparecidos del Perú de (ANFASEP), Juana Carrión, señala que es algo por lo que luchan y lo ven cada vez que participan en las exhumaciones, donde no se ve el suficiente personal ni logística.
Son más de 6 mil fosas clandestinas ubicadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y otras muchas aún no conocidas, donde DGBPD y la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, deben coordinar diligencias, pero no se dan abasto. “Ellos carecen de presupuesto para salir al campo, para hacer investigaciones. Son más de 40 años que estamos esperando encontrar a nuestros familiares que han sido desaparecidos”, sostuvo Carrión.
El problema no solo se encuentra para exhumar los cuerpos. La representante de ANFASEP refiere que hay más de 700 restos mortales en el Ministerio Público que no están identificados. Preliminarmente se dice que las muestras de ADN no coinciden, pero esto también se debería a falta de reactivos.
Esto lo confirma Sofía Macher, pero reconociendo que es una cifra incluso mayor de hasta 900 cuerpos. “Ni siquiera tienen reactivos en la Fiscalía de Derechos Humanos. Pero, ahí yo creo que hay varias cosas que se combinan, uno es recursos para tener más gente y tener equipos suficientes y más modernos que puedan ir a zonas alejadas”, refirió.
Para Macher, además de la falta de dinero, otro factor que retrasa las investigaciones son los cambios de directores en la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas y los problemas de acceso a la información por parte de los institutos armados.
Ahora, con un nuevo Gobierno fujimorista se teme que los recursos económicos sigan escaseando. “Es su responsabilidad resarcir a las familiares entregando los restos, buscando más fosas clandestinas. Son madres, esposas, familias que esperan encontrarlos”, destacó Juana Carrión.
19 mil 36 casos de personas desaparecidas siguen en investigación y sus familias aún los buscan.
En 2005 se dio un paso legal clave con la promulgación de la Ley N° 28413, sobre la desaparición forzada durante el período 1980-2000.
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