Regiones

Inmovilizan maquinaria por S/ 410 mil presuntamente de minería ilegal en Arequipa

En medio del área agreste de las quebradas de la provincia de Caravelí, un operativo policial terminó descubriendo maquinaria pesada y equipos usados presuntamente para actividades de minería ilegal en la región Arequipa.

La intervención fue ejecutada por agentes de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía, quienes inmovilizaron bienes valorizados en más de S/ 410 mil durante acciones de control realizadas en la quebrada Quenuhayo.

Según informó la Policía, las diligencias estuvieron a cargo del Destacamento de Medio Ambiente de Ático, que llegó hasta el lugar tras labores de vigilancia e inteligencia vinculadas a presuntos delitos ambientales.

Operativo se realizó en la quebrada Quenuhayo, en Arequipa.

Equipos para minería

Durante el operativo, encontraron una excavadora oruga, una estructura metálica artesanal utilizada para el procesamiento de material minero y una motobomba hidrostática, además de otros implementos relacionados con esta actividad ilícita.

Todo el material fue inmovilizado por disposición de las autoridades mientras continúan las investigaciones para identificar a los responsables de la operación minera clandestina. De acuerdo con la valorización preliminar, los bienes intervenidos alcanzan aproximadamente los S/ 410 mil.

Minería ilegal

La Policía precisó que el uso de maquinaria pesada, estructuras artesanales de procesamiento y equipos instalados sin acreditar permisos o registros de formalización constituye un indicio de actividades mineras ilícitas, según la normativa peruana sobre minería ilegal.

Las autoridades advirtieron que este tipo de actividades genera graves daños ambientales debido al movimiento indiscriminado de tierras, alteración de quebradas y contaminación de recursos naturales.

La provincia de Caravelí, especialmente sectores alejados y quebradas de difícil acceso, continúa siendo una de las zonas más vulnerables frente al avance de la minería ilegal en Arequipa.

Dato

En enero de 2026, el Gobierno estableció penas de hasta nueve años de prisión para quienes operen fuera del proceso de formalización minera.

Carol Cahuaya del Castillo

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