Javier Ponce enfreta una posible prisión preventiva de 36 meses y luego prisión efectiva por hasta 25 años.
El Ministerio Público dio un paso decisivo en la investigación contra la presunta organización criminal «Los Mandachitos de la corrupción» enquistada en la Municipalidad Provincial de Puno al solicitar 36 meses de prisión preventiva para el alcalde Javier Ponce Roque y varios funcionarios. La acusación describe una red que habría manipulado sanciones de tránsito y liberado vehículos mediante pagos ilegales, afectando directamente la seguridad vial en la región, ya que no se aplicó sanciones a cientos de conductores que cometieron infracciones por conducir ebrios. Ahora todos los funcionarios, incluido el edil, enfrentan acusaciones por organización criminal, junto a los delitos de cohecho pasivo propio, omisión de funciones y otros delitos vinculados a corrupción de funcionarios cuya pena alcanzaría hasta los 25 años de prisión. La audiencia de Ponce se realizará este lunes y su destino quedará en manos del Poder Judicial.
La solicitud fiscal no se limita a una sola figura. Abarca a un grupo amplio de investigados que incluye funcionarios en ejercicio, exservidores municipales y particulares que habrían operado en coordinación. Entre los nombres figuran piezas clave dentro de la administración local, lo que refuerza la hipótesis de una estructura articulada desde dentro del aparato público.
Algunos, aparte del edil son: Danny Helberth Guerra Bueno (exgerente de Transportes y Seguridad Vial, apodado ‘Cerebrito’), Willy Wilson Cáceres Pauro Franz Henry Quispe Ticona, Fredy Gallegos Flores, Jesús Virgilio Maquera Arrazola, Lourdes Zelydeth Paco Yupanqui, Mario Flores Condemayta, Eva Irene Mamani Choque, Alan Enrique Murillo Laura, José Rolando Vilca Rivas y Jonathan Cristian Guerra Monzón, entre otros.
De acuerdo con la investigación, el engranaje principal funcionaba en la Gerencia de Transportes y Seguridad Vial. Ese espacio, que debía garantizar el cumplimiento de normas, se habría convertido en el centro de operaciones de la red. Allí se gestionaban cambios irregulares en papeletas, se degradaban infracciones y, en varios casos, se eliminaban registros completos.
El mecanismo no era improvisado. Respondía a una lógica repetitiva y ordenada. Conductores intervenidos por faltas graves podían acceder a “soluciones” pagando sumas que variaban según el caso. Los montos más altos alcanzaban los cinco mil soles, mientras que otros pagos, menores pero constantes, servían para liberar vehículos o evitar sanciones administrativas.
El golpe a esta presunta organización llegó con un mega operativo ejecutado entre la noche del 22 y la madrugada del 23 de abril. La intervención se desplegó de forma simultánea en once inmuebles, en una acción planificada para evitar filtraciones y asegurar la captura de los implicados. El operativo fue encabezado por el comandante PNP Víctor Ángel Núñez Zeballos y movilizó a un equipo especializado de 33 agentes de unidades anticorrupción de distintas regiones. A ellos se sumaron 77 efectivos adicionales y una flota de 20 vehículos, en una demostración del nivel de coordinación requerido para intervenir una red de este alcance.
Todo se realizó bajo respaldo judicial. Las resoluciones emitidas el 20 de marzo de 2026 autorizaron no solo las detenciones preliminares, sino también el allanamiento con descerraje y la incautación de documentos, equipos y otros elementos considerados clave para sustentar la investigación. Como resultado, seis personas fueron detenidas durante las diligencias. Entre ellas se encuentran funcionarios de la municipalidad y un efectivo de la Policía Nacional, lo que evidencia la conexión entre distintas instituciones.
Pero el alcance de la red se entiende mejor al revisar sus efectos. Más de 220 conductores sancionados por faltas gravísimas continuaron circulando con licencias vigentes, pese a estar legalmente inhabilitados. No fue un error aislado. Fue un patrón sostenido que operó entre 2023 y 2025. El esquema funcionaba como una ventanilla paralela. Los conductores intervenidos, muchos de ellos en estado de ebriedad, encontraban en la Gerencia de Transportes un punto de contacto para revertir sus sanciones. A cambio de dinero, sus papeletas eran modificadas, anuladas o simplemente no se ejecutaban.
Los informes policiales describen que las sanciones más graves, como conducir con altos niveles de alcohol en sangre o provocar accidentes, eran sistemáticamente bloqueadas. El resultado era el mismo: licencias que debían cancelarse seguían activas en el sistema oficial.
Uno de los casos expuestos es el de un conductor intervenido a fines de 2024 en estado de ebriedad. Su vehículo fue internado en el depósito municipal, pero gestiones irregulares permitieron liberarlo y evitar la denuncia fiscal correspondiente. El expediente nunca siguió su curso regular. También se documentó el caso de un conductor que provocó la muerte de Andrés Umiña Yto en agosto de 2024. Pese a registrar 0.53 gramos de alcohol por litro de sangre, su licencia nunca fue cancelada. El sistema, que debía sancionarlo, lo dejó seguir conduciendo.
Otro episodio ocurrió en abril de 2024, cuando un conductor ebrio causó un accidente que dejó herido a un neonato. Tampoco se ejecutó la cancelación de su licencia. La misma lógica se repite en casos con niveles extremos de alcohol, incluso por encima de dos gramos por litro. En otro caso, un conductor que incluso chocó un vehículo policial continuaba habilitado para manejar. La intervención no tuvo consecuencias reales. Su licencia seguía vigente, como si la infracción nunca hubiera existido.
Los investigadores identificaron situaciones aún más graves. Conductores con 2.34 y 2.07 gramos de alcohol en sangre —más de cuatro veces el límite permitido— evitaron sanciones definitivas. Ninguno perdió su licencia, pese a que la norma exige su cancelación inmediata.
Cada uno de estos hechos no solo evidencia irregularidades, sino un sistema diseñado para beneficiar a infractores. La red, según la Fiscalía, no actuaba de manera esporádica. Operaba con continuidad, con reglas internas y con una finalidad clara: convertir las sanciones en una fuente de ingresos ilegales.
Ahora no solo se apunta a los funcionarios de Transportes y otros involucrados, sino también al alcalde provincial Javier Ponce. La audiencia para que la Fiscalía argumente el pedido de prisión preventiva en su contra se verá este lunes.
CITA
“La red operaba desde la Gerencia de Transportes manipulando sanciones a cambio de pagos ilegales.”
CIFRA
+ 220 conductores con faltas graves siguieron manejando con licencias vigentes entre 2023 y 2025.
CIFRA
25 años de cárcel efectiva podrían caer sobre Javier Ponce.
DATO
Conductores pagaban hasta S/ 5 mil para evitar sanciones o liberar vehículos intervenidos.
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