Ministerio Público determinó qué investigación es compleja.
Lo que comenzó en marzo como una investigación preliminar por presuntas irregularidades en los certificados de inspección técnica de varios buses que trasladan a turistas hacia Machu Picchu se amplió luego que aparecieran nuevos elementos y referencias a más vehículos y empresas implicadas.
El caso fue iniciado de oficio por la Fiscalía Provincial Penal de Machu Picchu, luego de publicaciones periodísticas que alertaron sobre los irregulares certificados. El 26 de julio, la investigación fue declarada compleja y ampliada. El presidente de la Junta de Fiscales de Cusco, José Mayorga Zárate, explicó que durante las primeras diligencias aparecieron nuevas versiones.
Uno de los puntos que deberá esclarecer la Fiscalía es el origen de los certificados de inspección técnica vehicular (CITV). De acuerdo con la denuncia que dio origen al caso, 16 buses de Consettur registraban certificados emitidos por plantas ubicadas fuera de Cusco. En los documentos figuran inspecciones realizadas en Puno y Junín.
Los certificados más recientes serían del 7 y 9 de junio de 2026 por Grupo Líder Sur Revisiones Técnicas E.I.R.L., con sede en Salcedo, Puno.
La denuncia cuestionó cómo se realizaron esas inspecciones considerando que los buses prestan servicio permanentemente en Machupicchu Pueblo.
Antes de esos certificados, las mismas unidades habrían registrado inspecciones en diciembre de 2025 por Revisiones Técnicas de la Selva Central EIRL, en Chanchamayo, Junín.
El punto central de las diligencias no es únicamente dónde fueron emitidos los certificados, sino si las inspecciones que respaldan esos documentos se realizaron efectivamente y si cumplieron con las exigencias establecidas por la normativa.
Las inspecciones técnicas comprenden la revisión de elementos relacionados con la seguridad y funcionamiento de los vehículos. Por ello, la Fiscalía busca establecer si los certificados corresponden a evaluaciones efectivamente realizadas o si existieron irregularidades en su emisión.
Mayorga Zárate señaló que se solicitará información a las empresas que realizaron las revisiones y se recogerán declaraciones como parte de las diligencias, con participación de la Policía Nacional.
El representante del Ministerio Público explicó que, si durante la investigación se determina que las revisiones no fueron realizadas o que los documentos carecen de sustento, podrían evaluarse otras responsabilidades.
Entre las posibilidades mencionó una eventual investigación por falsedad genérica. Por ahora, la Fiscalía investiga si los hechos podrían configurar el delito previsto en el artículo 273-A del Código Penal, relacionado con la generación de peligro en la prestación del servicio público de transporte. Este delito contempla una pena de uno a tres años de prisión y una eventual inhabilitación.
Al ser declarada compleja, la investigación contará con 60 días adicionales para completar las diligencias. Durante este periodo, el Ministerio Público deberá recopilar la documentación de las plantas de revisión técnica, verificar los certificados cuestionados, identificar las unidades involucradas y recoger las declaraciones correspondientes.
Al finalizar las diligencias, la fiscalía deberá determinar si corresponde formalizar una investigación preparatoria o disponer el archivo del caso.Por ahora, el expediente continúa en etapa preliminar.
La ruta Hiram Bingham conecta Machupicchu Pueblo con la llaqta de Machu Picchu y es utilizada diariamente por turistas nacionales y extranjeros. En enero de este año, el Gobierno ya había reunido a autoridades de distintos niveles para abordar la continuidad y las condiciones del servicio de transporte turístico hacia Machupicchu.
En la ruta Hiram Bingham, que conecta Machu Picchu Pueblo (Aguas Calientes) con la ciudadela inca, operan un límite normativo de 24 buses en simultáneo.
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