607 distritos se tienen que preparar para enfrentar una inminente crisis hídrica.
El Gobierno declaró el Estado de Emergencia en 607 distritos de 16 regiones ante el peligro inminente de déficit hídrico durante el periodo de lluvias 2026-2027. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 116-2026-PCM, publicado este 13 de agosto, y tendrá una vigencia de 60 días calendario.
El impacto alcanza con especial amplitud al sur. De acuerdo con el anexo de la norma, Arequipa, Tacna, Puno, Moquegua, Cusco y Madre de Dios reúnen 319 distritos incluidos en la declaratoria, casi la mitad del total nacional.
Dentro de este grupo, Cusco registra 117 distritos y Puno 109, sumando entre ambas 226 jurisdicciones. Arequipa tiene 42 distritos, mientras que Tacna registra 27, en Moquegua hay 18 y en Madre de Dios, 6. Los 319 distritos están considerados en situación de muy alto riesgo ante un eventual déficit hídrico.
La declaratoria no se limita al sur. Además de las seis regiones analizadas, comprende a Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali.
Con ello, el Ejecutivo establece una respuesta nacional frente a un escenario que, según el sustento técnico utilizado para la declaratoria, podría afectar a la población, la agricultura y la ganadería.
La decisión se basa en informes de Indeci, Senamhi, Cenepred, la Autoridad Nacional del Agua y ENFEN. Los documentos advierten sobre una disminución progresiva de caudales y una reducción sostenida de los volúmenes almacenados en embalses. A ello se suma el desarrollo de El Niño en el Pacífico ecuatorial central.
Los gobiernos regionales y locales comprendidos deberán ejecutar acciones inmediatas para reducir el riesgo, con coordinación y seguimiento del Indeci. También participarán los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Producción, Desarrollo e Inclusión Social, Interior y Defensa, de acuerdo con sus competencias.
El decreto establece que las intervenciones deben tener relación directa con el peligro identificado y que el financiamiento será asumido con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades involucradas.
La medida, por ahora, tiene carácter preventivo y preparar la respuesta de las autoridades frente a posibles impactos sobre el agua, la producción agropecuaria y la población.
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