El hecho ocurrió en Juliaca el jueves 3 de septiembre pasado el mediodía.
El caso de un alférez de la Policía Nacional vuelve a poner en la mira el comportamiento de algunos agentes durante las intervenciones, esta vez en Juliaca (Puno). La jueza María Candelaria Morales Segura dictó nueve meses de prisión preventiva contra Sebastián Romero Sánchez. El oficial es investigado por el presunto delito de cohecho pasivo propio.
La decisión fue tomada por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Subespecializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno. La medida se dictó luego de escuchar los argumentos de la Fiscalía y de la defensa. Para la magistrada, existen elementos que vincularían al policía con los hechos investigados.
Según la investigación fiscal, todo comenzó cuando Sujey Slim Cárdenas Ramírez (18) fue intervenida el jueves 3 de septiembre cuando el reloj marcaba minutos después del mediodía. La joven acababa de salir de una casa de cambios en Juliaca llevando 60 mil dólares dentro de una mochila. En ese momento fue intervenida por el alférez y los suboficiales Frank Mercado R. y Álvaro Mamani M. entre las intersecciones del jirón Mariano Núñez con San Martín.
Los policías habrían utilizado como argumento un supuesto control de identidad. Sin embargo, de acuerdo con la imputación fiscal, la joven fue trasladada en un patrullero. Durante el recorrido, los agentes presuntamente le exigieron parte del dinero que llevaba consigo.
La amenaza habría sido llevarla ante la Fiscalía de Lavado de Activos. El temor de la joven habría aumentado por la cantidad de dinero que transportaba. En medio de esa situación, el alférez investigado presuntamente tomó parte del efectivo.
«Cuando abrí la mochila, vieron el dinero y me dijeron: ‘¿Cuánto me vas a dar’. Justo estaba en llamada con mi hermana; ella sabe todo lo que pasó también. Y yo le dije: «No es mi dinero, no te puedo dar nada», y (el policía) me dijo: ‘No me vas a hacer perder mi tiempo, te voy a llevar a la Fiscalía'», narró la víctima.
Después, los agentes trasladaron a la joven hasta las inmediaciones de la urbanización Santa Ana. Inicialmente habrían intentado dejarla en ese sector. Pero al notar que había cámaras de seguridad, habrían cambiado de decisión y continuado el recorrido.
La joven finalmente habría sido trasladada hasta un descampado. Allí, según la investigación, fue abandonada. Posteriormente, dos personas que se desplazaban en una motocicleta habrían aparecido y le habrían arrebatado el dinero que todavía tenía en su poder.
Para la jueza, los hechos descritos por la Fiscalía presentan graves y fundados elementos de convicción. También consideró que existiría peligro de fuga. A ello se sumaría un posible riesgo de obstaculización de las investigaciones.
Otro punto tomado en cuenta fue la prognosis de pena. Según la resolución judicial, esta sería superior a los cinco años de prisión. Por ello, la magistrada consideró necesaria la prisión preventiva mientras avanzan las diligencias para determinar qué ocurrió y establecer las responsabilidades correspondientes. El caso, sin embargo, todavía no termina. La investigación continúa y la prisión preventiva no significa una condena sino tiempo para seguir investigando elementos que puedan servir para el siguiente juicio.
Los otros dos suboficiales identificados como Frank Mercado R. y Álvaro Mamani M., quienes no fueron capturados, tendrán una audiencia el 11 de septiembre donde se evaluará el pedido de prisión preventiva en su contra.
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