Un fiscalizador de Sunafil fue detenido en Juliaca tras ser denunciado por exigir S/ 6 mil para archivar un proceso laboral. La intervención se realizó en flagrancia en La Capilla, con entrega vigilada de dinero y pruebas químicas que lo comprometen.
Un nuevo caso de presunta corrupción en la función pública se registró en la región Puno tras la detención de un fiscalizador de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), acusado de solicitar dinero a un empresario para favorecerlo en un proceso administrativo.
El intervenido, de apellido Toledo, fue capturado en flagrancia en la zona de La Capilla, en Juliaca, luego de que un empresario denunciara que le exigía 6,000 soles para archivar un caso derivado de una inspección laboral realizada días antes en la ciudad de Puno.
De acuerdo con fuentes policiales, el fiscalizador habría contactado al agraviado tras la intervención, solicitándole inicialmente un monto mayor que luego fue reducido, bajo la promesa de evitar sanciones administrativas y devolverle pertenencias incautadas durante la fiscalización.
Ante la denuncia, se activó un operativo coordinado con las autoridades, que incluyó una entrega vigilada de dinero. Como parte de las diligencias, se depositaron 50 soles previamente registrados, lo que permitió concretar la intervención en el momento en que el funcionario recibía el dinero.
Según el reporte, el investigado intentó deshacerse del dinero al percatarse de la presencia policial, acción que fue documentada en acta. Asimismo, las pruebas con reactivo químico realizadas en sus manos arrojaron resultado positivo, reforzando los indicios en su contra.
El caso es investigado bajo el presunto delito de cohecho pasivo propio, modalidad de corrupción de funcionarios que se configura cuando un servidor público solicita o recibe beneficios indebidos a cambio de incumplir sus funciones.
Las diligencias continúan en la ciudad de Juliaca, mientras la Policía y el Ministerio Público no descartan que existan otros casos similares vinculados a fiscalizaciones previas en la región, lo que ampliaría el alcance de la investigación.
El agraviado, por su parte, solicitó garantías personales, señalando temor por posibles represalias, y pidió que se investigue a otros efectivos que habrían participado en el ingreso a su vivienda durante la inspección inicial.
Dato
En el Perú, el delito de cohecho pasivo propio —cuando un funcionario solicita una coima— se sanciona con penas de entre 6 y 8 años de prisión, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
