La presidenta de la comisión evaluadora participó en la calificación de cinco postulantes que habían trabajado bajo su supervisión directa durante 2025. Los cinco obtuvieron las plazas convocadas, según un informe de control de la Contraloría.
Un proceso de contratación de personal en el Gobierno Regional de Cusco quedó bajo observación de la Contraloría tras detectarse un presunto conflicto de intereses durante la evaluación de los postulantes. El hecho fue identificado en el Proceso de Selección CAS Transitorio N.° 001-2026-GR Cusco-GRTPE, convocado por la Gerencia Regional de Trabajo para cubrir diversas plazas profesionales.
Según el informe de control, la presidenta de la comisión encargada del concurso, Thany Rosario Escalante Zegarra, participó en la evaluación, calificación y validación de postulantes que fueron sus subordinados directos el año 2025, situación que contraviene las normas sobre imparcialidad en los procedimientos administrativos.
Observación de la Contraloría
De acuerdo con la Ley del Procedimiento Administrativo General, los funcionarios deben abstenerse de intervenir en procedimientos cuando exista alguna circunstancia que pueda comprometer su objetividad. Entre esos supuestos figura haber mantenido una relación de subordinación con los administrados durante los doce meses previos.
Pese a ello, la presidenta de la comisión participó en todas las etapas del proceso, incluyendo la evaluación curricular, las entrevistas personales y la suscripción de las actas de resultados.
La situación adquiere mayor relevancia porque los cinco postulantes que trabajaron bajo su jefatura resultaron ganadores de las plazas ofertadas.
Los beneficiados con las plazas fueron Kerrigan García Polo (consultor laboral); Deysi Huamán Acostupa (liquidadora de beneficios sociales); Sergio Huallpa Chani (conciliador colectivo); Norka Alcca Corrales (gestora de formalización laboral); y Angela Sallo Peña (especialista en trabajo adolescente).
No se apartó del proceso
Según el informe, los ganadores estuvieron bajo la supervisión directa de la funcionaria durante 2025, cuando esta se desempeñaba como subgerente de Trabajo y Derechos Fundamentales.
La principal observación recae sobre la abogada Thany Rosario Escalante Zegarra, quien presidió la comisión de selección y, al mismo tiempo, mantenía una relación jerárquica previa con los postulantes favorecidos.
La Contraloría sostiene que debió inhibirse de intervenir en la evaluación para garantizar la transparencia y objetividad del concurso, tal como establecen las disposiciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) y la normativa administrativa vigente.
Al no hacerlo, se habría generado una situación que compromete la legalidad del procedimiento y afecta los principios de igualdad de oportunidades y libre acceso a la función pública.
El informe fue remitido al gobernador regional del Cusco, Werner Máximo Salcedo Álvarez, para que disponga las acciones correctivas correspondientes y evalúe el deslinde de responsabilidades administrativas que pudieran derivarse del caso.
La Contraloría otorgó un plazo de 20 días hábiles para que la entidad presente un plan de acción orientado a corregir las observaciones detectadas y evitar que situaciones similares vuelvan a producirse en futuros procesos de contratación.
Dato
La observación alcanza a cinco plazas laborales adjudicadas en el concurso CAS Transitorio N.° 001-2026.
