Informe revela designación irregular y pagos indebidos en la Gerencia de Agricultura.
Aunque no cumplía el perfil para ocupar el cargo, Aglay Sánchez de Valdivia ocupó por casi un año la jefatura de la Oficina de Recursos Humanos de la Gerencia Regional de Agricultura. Pero eso no es todo, pues durante el ejercicio de sus funciones cobró exorbitantes bonos que no le correspondían, generando un cuantioso perjuicio económico. Lo peor es que nadie dijo nada.
Esto lo reveló la Contraloría General de la República (CGR), a través del Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 017-2026-OCI/5334-AOP. El documento detalla que la mencionada ocupaba el cargo de especialista administrativo III. Sin embargo, en el 2023 —durante la administración del exgerente de Agricultura José Paredes Sánchez, primer funcionario de confianza del gobernador Rohel Sánchez— fue ascendida mediante Memorándum N° 056-2023-GRA//GRAG-OA.
Según la auditoría, la plaza jefatural que ocupó exige contar con título profesional en Administración, Derecho o Economía, además de poseer una experiencia de 3 años en la conducción de recursos humanos, capacitación especializada en el sistema de recursos humanos y capacitación en sistemas operativos y cursos de procesador de textos.
Sin embargo, la funcionaria designada tiene formación en Sociología por la Universidad Nacional del Altiplano. Aunque la normativa permite considerar profesiones afines, la entidad no presentó ningún sustento técnico que justifique la relación entre la Sociología y las funciones específicas del cargo.
“Se dispuso el desplazamiento como responsable del área de Recursos Humanos y Capacitación a una servidora que no acreditaba el cumplimiento del requisito mínimo de formación académica, conforme lo previsto en el Manual de Organización y Funciones (MOF)”, concluye la unidad contralora en su informe.
El periodo de la designación irregular se extendió hasta octubre de 2023, fecha en que se jubiló de la institución. Durante ese tiempo, Sánchez de Valdivia tomó decisiones relevantes en materia de recursos humanos, incluyendo la emisión de resoluciones laborales, sin cumplir con el perfil exigido.
En paralelo, el ente de control identificó una segunda irregularidad vinculada a pagos en exceso por concepto de bonificaciones diferenciales. El problema se originó en una resolución del año 2015, que reconocía devengados por mandato judicial por S/ 45 mil 797. Sin embargo, al momento de ejecutar el pago en 2016, se desembolsó una cifra mayor equivalente a S/ 47 mil 993; es decir, casi S/ 2 mil 200 adicionales sin sustento.
El problema no fue detectado de inmediato. Recién en 2018, tras una revisión interna, la entidad advirtió el error y emitió una nueva resolución para recalcular correctamente la bonificación, establecer nuevos montos y reconocer devengados adicionales. En ese mismo acto, también se dispuso recuperar el dinero pagado en exceso. No obstante, aunque en el papel se corrigieron las cifras, en la práctica no se ejecutaron acciones efectivas para recuperar el monto indebido.
Tres años después, en 2021, la administración volvió a pronunciarse y precisó el saldo exacto que debía ser devuelto: S/ 3 mil 244. La resolución dispuso que el pago había sido producto de un error de cálculo y ordenó su recuperación. A abril de 2026, según actas de control, el dinero sigue sin ser recuperado.
En conclusión, se permitió que una funcionaria sin el perfil requerido ocupe un cargo de jefatura y, al mismo tiempo, se toleró el pago indebido de bonificaciones que, pese a ser detectado hace años, no ha sido recuperado.
DATO
Contraloría advierte al gobernador Rohel Sánchez que recupere el dinero pagado irregularmente.
CITA
“No acreditaba el requisito mínimo de formación académica”, señala la Contraloría.
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