Observó el proceso de contratación de Sedapar para vigilancia médica ocupacional.
La Contraloría General de la República (CGR) puso el ojo sobre el proceso convocado por la empresa Sedapar para el servicio de vigilancia médica ocupacional destinado a sus trabajadores. Según el Informe de Orientación de Oficio N.° 018-2026-OCI/0263-SOO, la empresa JTR Consultores SAC ganó la buena pro del servicio por S/ 288 mil. Esto pese a que presentó documentos con información presuntamente falsa.
Serie de irregularidades
La principal observación recae sobre los certificados de la médico Milagros Paucara Ampuero. De acuerdo con la revisión realizada por los auditores, su diploma de maestría en Salud Ocupacional no figura inscrito en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales de la Sunedu. Esto impide verificar oficialmente la validez de su grado académico.
Asimismo, para acreditar su diplomado en Salud Ocupacional exigido en las bases del concurso, únicamente se adjuntó una constancia de matrícula, documento que acredita la inscripción al programa, mas no su culminación o aprobación. Finalmente, en una constancia de trabajo consignó labores en la empresa Innovación Higiene Ocupacional SAC desde septiembre de 2014. Sin embargo, la firma recién fue constituida e inició actividades en agosto de 2015.
Requisitos contradictorios
El informe también identifica observaciones relacionadas con las propias bases del concurso, que contenía requisitos contradictorios respecto a la formación académica exigida al médico ocupacional. Mientras una sección permitía acreditar únicamente la condición de egresado de una maestría en Salud Ocupacional, otra exigía expresamente contar con el grado académico ya obtenido.
Según el ente de control, esta falta de uniformidad generó un trato desigual entre los postores. Y es que al menos uno de los participantes fue descalificado por no cumplir con el requisito más estricto, pese a que otra sección de las bases contemplaba una exigencia menos rigurosa. Por lo expuesto, la adjudicación del proceso podría caer en saco roto.
DATO
La buena pro tendría que quedar sin efecto por estas inconsistencias documentarias, advierte la Controlaría.
