Los pobladores piden a la Procuraduría Regional recuperar los predios estatales.
Vecinos del distrito de Yarabamba denunciaron ante la Procuraduría Regional la toma de posesión de terrenos ubicados a la altura del km 13, en el anexo de San Antonio. Los escritos presentados en julio, piden el desalojo de los ocupantes, quienes están vendiendo lotes, levantando cuartos y abriendo calles en terrenos del Estado. Además, pobladores advierten que la gestión del alcalde del distrito, José Luna Zapana, estaría avalando a los posesionarios. Aunque desde el municipio aseguran que también dieron aviso a la Procuraduría.
El primer documento, recibido el 9 de julio, detalla que el 7 de junio, cerca de las 9 de la mañana, personas desconocidas entraron al terreno eriazo y armaron viviendas precarias de palos, rafia y madera. Días después, el 11 de junio, el mismo grupo volvió con bloquetas y maquinaria pesada para trazar calles, según el segundo escrito, ingresado el 14 de julio. Ambos pedidos invocan la Ley 30230, que establece la recuperación extrajudicial de predios del Estado. Además solicitaron identificar a los autores materiales e intelectuales por el presunto delito de usurpación agravada.
El hecho alarmante para los vecinos y denunciantes, incrementa pues no sería la primera vez que se intenta cometer estos atropellos. En enero de 2023 hubo una primera invasión y en diciembre de ese año la Procuraduría del Gobierno Regional ejecutó un desalojo que derribó las viviendas precarias, aunque quedaron en pie diez construcciones de material noble. Luego, el 17 de abril de 2025, la Asociación Multiservicios Cristo Salvador, con Edgar Uscamayta al frente, intentó otra toma y la Fiscalía abrió una investigación por usurpación agravada. Según el escrito, el predio en disputa comprendería alrededor de 39 hectáreas.
Evidencia.pe llegó hasta el lugar de la denuncia para esclarecer los hechos y constató que los terrenos están a la venta. En la primera parte, la zona pegada a la pista, los lotes de 200 metros cuestan alrededor de 50 mil soles, con un módulo levantado en cada parcela. Mientras que en la parte alta, en los sectores donde ya hubo un intento de invasión en años anteriores, la cuota inicial es de 1 500 soles con la condición de construir un cuarto; si no se construye, el terreno se vende a otra persona.
Los ocupantes de la parte baja aseguraron que son una asociación nueva, distinta a la que sufrió el desalojo. Sin embargo, los pobladores de la zona alta afirmaron que se trata de la misma gente con otro nombre de organización. En ambos sectores, indicaron que quien vende y ordena es Edgar Uscamayta, el mismo que aparece en el proceso fiscal de 2025.
En el recorrido también se vio que los lotes ya están delimitados, con una trocha abierta a manera de pista y varios cuartos de material noble levantados en la parte baja. Más arriba, en la zona donde intervino el Gobierno Regional en 2023, todavía se distinguen los restos de las viviendas derribadas, señal de que el terreno sigue sin custodia. Incluso se aprecian mallas y adoquines acopiados, así como vías trazadas.
Algunas versiones de pobladores señalan que la gestión del alcalde de Yarabamba, José Luna Zapana, estaría respaldando dichas invasiones, presuntamente omitiendo las constataciones y la comunicación de este problema a la Procuraduría Regional.
Por su parte, Javier Moreno Roque, gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad de Yarabamba, indicó que ellos no pueden hacer mucho. “Solo hay un procedimiento, nosotros hacemos la constatación policial y avisamos a la Procuraduría”. Moreno explicó que en abril del año pasado se hizo la primera constatación y se remitió la información correspondiente al Gobierno Regional y que este año se repitió la operación con la nueva documentación.
Sin embargo los pobladores denuncian que se sigue vendiendo terrenos y no han visto participación alguna de la comuna de Yarabamba. Ante ese cuestionamiento el ingeniero de profesión encargado de la gerencia recalcó que la municipalidad ya cumplió con la totalidad de acciones y que no hay otro procedimiento. Además afirmó que la versión de algunos presuntos invasores que indican que la comuna tiene documentación que respalde a los ocupantes, es falsa. Pues según lo expresado por Moreno, la custodia y recuperación corresponde al Gobierno Regional en representación de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).
El funcionario aclaró que las casas que ya tienen propietario y registro forman parte de la habilitación urbana San Antonio, con plano de trazado y lotización inscrito, y que la zona que continúa después de las casas registradas quedaron a favor del Estado en la partida registral. Mientras tanto, los vecinos esperan que la Procuraduría intervenga, desalojando y ciudadanos los predios estatales invadidos.
DATO
La Asociación Multiservicios Cristo Salvador figura inscrita en la partida electrónica N.º 11237993 de Sunarp.
DATO
La denuncia presentada ante la Procuraduría del Gobierno Regional responde al vecino de Yarabamba, Factor Nicolás Begazo Quenaya.
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