Varios letrados presentaron escritos ante la Fiscalía por presuntos delitos contra la paz pública y alterar el proceso electoral en contra de Rafael Lopez Aliaga, quien exige anular los comicios y ofrece recompensa a quienes entreguen pruebas verificables.
El candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, enfrenta una batería de denuncias penales ante el Ministerio Público tras exigir la nulidad inmediata de las elecciones y convocar a lo que denominó una “insurgencia civil”. Lejos de guardar silencio, el exalcalde capitalino también presentó su propia querella contra el titular de la ONPE, Piero Corvetto, a quien acusa de omitir sus funciones durante la jornada de votación.
Altera el orden democrático
Las acusaciones en su contra surgieron después de que el aspirante presidencial encabezara un plantón frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En ese espacio, lanzó un ultimátum de veinticuatro horas para que se anulen los comicios, advirtiendo que, de no cumplirse su pedido, sus seguidores se movilizarían. López Aliaga aseguró que fallas logísticas en la distribución de material electoral impidieron el sufragio de cerca de seiscientos mil limeños, una cifra que, según sus cálculos, podría haber alterado el conteo oficial.
Aunque las autoridades electorales atribuyeron los retrasos a problemas de transporte, el candidato insistió en que la situación supera incluso lo vivido bajo regímenes autoritarios en la región. Sin embargo, vale resaltar que finalmente solo 52 mil ciudadanos no pudieron votar el domingo, pero todas esas mesas votaron el lunes 13 de abril.
Desde el ámbito jurídico, los abogados Indira Rodríguez y Alipio Huamán formalizaron denuncias contra López Aliaga. Invocan el artículo 354 del Código Penal, que sanciona la perturbación o impedimento de procesos electorales con penas de hasta diez años de prisión. Los letrados solicitaron la detención inmediata del postulante bajo el argumento de flagrancia, sosteniendo que sus llamados a la resistencia colectiva y a desconocer los resultados representan un riesgo directo para el orden público y la normalidad democrática.
Contradenuncias de Porky
Frente a este escenario, el equipo de Renovación Popular intensificó su estrategia para respaldar las denuncias de irregularidades. López Aliaga anunció una recompensa de 20 mil soles para cualquier trabajador de los organismos electorales o empresas vinculadas que entregue información verificable sobre supuestos actos de sabotaje. Es más, el partido de López Aliaga pidió la nulidad de 22 mil votos en la región Cajamarca; se trata de mesas donde “Porky” obtuvo cantidad de votos irrisoria.
La postura del candidato ha recibido el respaldo público de figuras como el exalcalde Ricardo Belmont, quien cuestionó la transparencia del escrutinio sin aportar pruebas concretas. Mientras tanto, el conteo oficial mantiene a Roberto Sánchez en el segundo puesto, superando al líder de Renovación Popular en la disputa por el pase al balotaje junto a Keiko Fujimori.
Piden calma
En medio de la tensión, la decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, hizo un llamado a la serenidad y recordó que los canales institucionales son la única vía válida para resolver cualquier discrepancia electoral.
Observadores internacionales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea han descartado, hasta el momento, la existencia de manipulación sistemática en los resultados. Las autoridades continúan con el procesamiento de actas y la validación de datos, mientras la Fiscalía evalúa la admisibilidad de las denuncias presentadas contra el aspirante presidencial y su equipo.
DATO
Rubén Serpa, uno de los denunciantes, registra «afiliación cancelada» en ANTAURO, organización declarada ilegal por el Poder Judicial en 2024.
CITA
Sus llamados a desconocer resultados representan un riesgo para el orden democrático, advierten abogados
