La Comisión de Juristas responsabiliza a la justicia de dilatar el proceso al no emitir la fecha de destrucción de la edificación, que atentó contra muros incas y andenes prehispánicos. Mientras que el Ministerio de Cultura, que se supone debe proteger el patrimonio, sería indiferente.
Han pasado siete años desde que el Tribunal Constitucional (TC) ordenó su demolición y el hotel Sheraton aún sigue en pie. Inentendiblemente el proceso estaría entrampado por falta de una decisión judicial y la pasividad de las autoridades que deben velar por proteger el patrimonio.
El 13 de setiembre del 2019, el TC emitió un fallo histórico donde dispuso la destrucción de la infraestructura ubicada a solo dos cuadras de la Plaza de Armas de Cusco, en la calle Saphy, y la recuperación de los muros incas y andenes prehispánicos afectados por esta construcción valorizada en más de US$ 40 millones.
Esta resolución se emitió tras una larga lucha por recuperar el patrimonio, encabezada por la Comisión de Juristas que interpuso la demanda. Las acciones por frenar este atentado datan del 2014, aun cuando la obra no empezaba y luego en el 2016 cuando se dieron los permisos para edificar nueve pisos y dos sótanos, cuando la normativa dictaba que solo estaba permitido un máximo de dos pisos.
Dilación judicial
La batalla parece no terminar. T’ika Luizar Obregón, integrante de la Comisión de Juristas contra la Corrupción y por la Defensa Social, señaló que la destrucción del hotel sigue en para porque falta que la magistrada del Quinto Juzgado Civil de Cusco, Marianella Cárdenas Villanueva, emita una fecha para que se realice.
“La juez está obligada a que después de tres días de notificadas las partes ya ejecute la sentencia. Estamos desde el año 2019, ahora en el 2026 y la juez inventa toda clase de justificaciones que ‘la Unesco no ha dicho, que la Unesco no ha presentado’”, señaló.
La vocera de este colectivo social sostiene que el proceso judicial esta zanjado y no hay motivo de más retrasos. Si bien desde la emisión del fallo hubo presuntas pretensiones de demorar el proceso y hasta de reducir el porcentaje de estructura a demoler, esto fue apelado y el TC emitió una resolución aclaratoria el 27 de octubre al 2023 ratificando lo dispuesto.
Frente a lo que consideran una injustificada dilatación, la Comisión de Juristas señaló que remitió un oficio al juzgado solicitando que se expidan las copias para iniciar un proceso penal.
Al respecto, el despacho de la magistrada Cárdenas Villanueva, informó a Evidencia.pe, que se comunicó a las partes involucradas que el fallo de «lo dispuesto será comunicado oportunamente». Con lo cual, se prevé que habría una respuesta sobre la fecha dentro de las próximas dos semanas.
Autoridades pasivas
El proceso tampoco camina por el lado administrativo. El fallo emitido por el TC, también ordenaba que sea la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) y la Municipalidad Provincial de Cusco, las que cubran los gastos del derribo y de la restitución del bien patrimonial. Para este proceso, la primera en mención debía elaborar el expediente técnico.
Esto fue ratificado en un oficio de aclaración del órgano constitucional del 2023 que resuelve: “Exhortar al Ministerio de Cultura a evitar dilaciones y a que coadyuve con la eficaz ejecución de la sentencia de amparo recaída en la Resolución 83, de fecha 13 de setiembre de 2019”.
Incluso, el Quinto Juzgado Civil de la Corte de Justicia dio un plazo a la DDC de Cusco hasta el 30 de abril para presentar el informe técnico, pero la entidad presentó un recurso para extender el plazo.
Evidencia.pe se contactó con la Dirección de Cultura para conocer los avances sobre este caso del hotel Sheraton. Sin embargo, hasta el cierre de la nota no se obtuvo una respuesta de Procuraduría de dicha entidad, que está a cargo del proceso, sobre el requerimiento de información que solicitamos.
Sin responsables
La Fiscalía Anticorrupción del Cusco abrió, en su momento, una investigación preliminar contra cerca de 70 exservidores de Cultura y del municipio provincial, y otros implicados para que se diera la construcción del hotel. Fueron denunciados por los presuntos delitos de cohecho, asociación ilícita para delinquir y organización criminal. Sin embargo, el tiempo pasó y nunca hubo una condena. “Imagine (usted) cómo es el tráfico de influencias y el poder económico que han hecho demorar los procesos administrativos, civiles y penales para que prescriban”, manifestó Luizar Obregón.
¿Se podrá recuperar?
No solo se trata de demoler la edificación, sino que luego debe recuperarse los muros incas y andenes prehispánicos afectados por las obras. Lo que no será una tarea sencilla. El arqueólogo Emerson Pereyra explica que deberá realizarse un análisis arquitectónico y diagnóstico patológico de las estructuras, con ello recién se da una propuesta de restauración.
“Si es que no se tiene un registro detallado de estos andenes que han desaparecido y, es más, el material no lo tienes ahí, esto es complicadísimo que puedas restaurar”, sostuvo Pereyra, quien añadió que los trabajos deberán ser ejecutados por especialistas en conservación.
De acuerdo a las dimensiones del elemento, así como al diagnóstico que se realice, se propone el tipo de intervención y se podrá definir el tiempo y costo que demandará los trabajos.
Cifra
40 millones de dólares era la inversión para construir el hotel, obra que estuvo a cargo de la empresa inmobiliaria R&G SAC.
Dato
El año pasado se denunció que presuntamente retomaron obras en el hotel, pero tras una inspección se determinó que los trabajos eran para habilitar un servicio higiénico.
