Esquema de “ruleteo” habría funcionado más de seis años en cooperativa de Moquegua.
Durante años, depósitos de clientes y entidades públicas habrían sido utilizados para ejecutar operaciones fraudulentas generando pérdidas superiores a los S/ 10.5 millones en perjuicio de la Cooperativa Santa Catalina de Moquegua y de miles de socios. Una investigación fiscal advierte que se trata de uno de los mayores desfalcos en una cooperativa de ahorro y crédito.
La disposición fiscal N.° 05, emitida el 29 de abril de 2026, formalizó investigación contra 17 personas entre exdirectivos, gerentes y trabajadores, a quienes el Ministerio Público atribuye presuntos delitos de banda criminal, hurto agravado, estafa administrativa y administración fraudulenta.
El esquema del “ruleteo”
De acuerdo con la investigación, los implicados habrían operado de manera organizada entre los años 2018 y 2024 mediante un mecanismo conocido como “ruleteo” de depósitos.
Según la Fiscalía, el sistema consistía en aprovechar depósitos reales realizados por clientes o instituciones para generar movimientos contables falsos y retirar dinero ilícitamente. Es decir, mientras el depósito verdadero ingresaba al sistema, de manera paralela se creaba un segundo registro contable irregular con el mismo monto. Finalmente, retiraban efectivo desde distintas agencias como si existieran fondos adicionales.
Además, el Ministerio Público indicó que cada integrante cumplía un rol dentro de la presunta red. Algunos identificaban depósitos estratégicos, otros alteraban los registros contables para ocultar irregularidades y otro grupo ejecutaba los retiros en efectivo.
Entre los principales investigados figura Flor Berrospi Mansilla, ex gerente general de la cooperativa, quien es acusada de autorizar las operaciones fraudulentas. También Bruno Vilca Alejo, señalado como uno de los principales responsables de efectuar los retiros ilícitos.
Operaciones duplicadas y millonarias pérdidas
Los peritajes contables detectaron cientos de operaciones presuntamente duplicadas. Solo en 2018 se identificaron más de 30 movimientos con montos y beneficiarios repetidos, lo que habría permitido apropiarse de sumas que oscilaban entre S/ 60 mil y S/ 123 mil por cada operación.
Según el expediente fiscal, el esquema continuó durante los años siguientes, afectando progresivamente la estabilidad financiera de la cooperativa.
Fue la propia entidad la que detectó las irregularidades en 2024 y presentó la denuncia correspondiente, además de iniciar procesos internos contra los trabajadores involucrados, quienes posteriormente fueron separados de sus cargos.
Siete sedes
El caso también generó repercusiones administrativas. De acuerdo con información vinculada al proceso, se habrían impuesto sanciones relacionadas con infracciones graves en las distintas sedes de la cooperativa, las cuales sumarían siete establecimientos.
Entre las observaciones se menciona la adopción de operaciones y acuerdos que habrían infringido disposiciones legales y límites establecidos para este tipo de entidades financieras.
El Ministerio Público sostiene que existiría una organización con reparto de funciones y permanencia en el tiempo, lo que permitiría configurar el presunto delito de banda criminal contemplado en el Código Penal.
Dato
Las cooperativas de ahorro y crédito en el Perú se encuentran bajo supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
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